jueves, 11 de julio de 2013

Nace el Consejo de Seguridad Nacional sin consejero

El rey presidirá la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional para el que Rajoy no ha nombrado consejero. La cara visible es Moragas, que formalmente es el secretario de este nuevo órgano que debería ser vital en la estrategia de seguridad


Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

En el palacio de la Zarzuela, con el rey Juan Carlos y la presencia del príncipe Felipe, el nuevo Consejo de Seguridad Nacional -CSN-, órgano creado por la reciente Estrategia de Seguridad Nacional –ESN- que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de mayo, verá la luz el jueves 11. Su presentación en la Comisión Constitucional del Congreso corrió a cargo de Jorge Moragas, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno. Así, como Rajoy no ha nombrado consejero, la cara visible es Moragas, que formalmente es el secretario de este nuevo órgano que debería ser vital en la estrategia de seguridad.
El Consejo es un órgano tradicional en algunos países anglosajones, muy especialmente en EE.UU. –fue creado por el presidente Roosevelt en 1947-, y en otros como Chile y algunos países latinoamericanos. La aportación más novedosa de la Estrategia es la creación de un “Sistema de Seguridad Nacional impulsado y liderado por el Presidente del Gobierno”, que tiene como eje este Consejo que ahora se reúne por vez primera. 
Sus funciones principales consistirán en asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad Nacional; verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia; aprobar el Informe Anual de Seguridad para su presentación y debate en las Cortes Generales; dirigir y coordinar la gestión de crisis. Además el Consejo de Seguridad Nacional elaborará en el plazo de seis meses una propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su posterior elevación al Consejo de Ministros.
El Consejo de Seguridad Nacional, creado por Real Decreto del pasado 31 de mayo, está compuesto por el Presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando el Rey asista a sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidirlo, como en esta primera reunión. También forman o pueden formar parte la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia; los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad; además del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado-director del Centro Nacional de Inteligencia.
El Consejo se reunirá a iniciativa del Presidente del Gobierno como mínimo cada dos meses y cuando lo requieran las circunstancias.
Susan Rice, consejera de Seguridad Nacional de EE.UU.
Moragas destacó el martes pasado en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso que la creación del nuevo Consejo de Seguridad Nacional tiene un coste cero, cuenta como soporte normativo el de una comisión delegada del Gobierno y viene a sustituir a la llamada comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis.
La Estrategia y el Consejo inauguran una nueva fase en la gestión de la seguridad y las crisis de nuestro país –como “momento fundacional” lo describió Moragas-, con aparente acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas. Aunque el nuevo órgano nace con algunas incógnitas:
  • Rajoy no pilota: a pesar de las numerosas referencias en la Estrategia al liderazgo en materia de seguridad del presidente del Gobierno, Rajoy ha perdido una oportunidad de oro para hacer visible su protagonismo y presentar y debatir la Estrategia en el pleno del Congreso, y no enviar a su jefe de Gabinete a una Comisión. La presencia del Rey en el primer Consejo anulará su protagonismo también en esta ocasión.
  • No existe un Consejero de Seguridad Nacional: el CSN responde a un modelo de Gobierno presidencialista de raíz anglosajona. Susan Rice, ex embajadora de EE.UU. ante Naciones Unidas ha sido nombrada este mismo mes de junio como asesora-consejera de Seguridad Nacional. Aúna experiencia y confianza presidencial, interlocución directa con ministros y un peso que no podría equipararse a Moragas, director del Gabinete de Rajoy y secretario del CSN; o Alfonso Senillosa, director adjunto de ese Gabinete y responsable del Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa.
  • Precedentes poco operativos: la reunión en un órgano colegiado de siete ministros y cuatro secretarios de Estado no parece la fórmula más ágil de respuesta ante una situación crítica para nuestra seguridad. Existen otros órganos parecidos a éste que han sido perfectamente improductivos, como el Consejo de Defensa Nacional, creado por la Ley Orgánica de Defensa de 2005, que se reúne una vez al año bajo la presidencia del Rey, Ley que contemplaba además un comité ejecutivo que no ha visto la luz. Como recordatorio, el 11 de marzo de 2004 no se reunió órgano de este tipo ni el conocido como Gabinete de crisis que ahora va a desaparecer.
  • Priorización de amenazas y medios de respuesta: en tiempos de escasez de recursos públicos hay que identificar concretamente las amenazas y poner medios idóneos para contrarrestarlas. Trabajo pendiente.
  • Libertad / Seguridad: la evolución de los acontecimientos desde los atentados del 11 de septiembre han arrinconado la libertad –Guantánamo, intervenciones unilaterales, ejecuciones extrajudiciales- a costa de una amenaza globalizada, indeterminada e indefinida. “La seguridad está al servicio de la libertad”, insistió Moragas.
  • Consenso insuficiente: el principio de acuerdo de la Estrategia y el Consejo de Seguridad se ha producido entre PP y PSOE. El resto de los grupos parlamentarios (UPyD, Izquierda Plural y otros) mostraron su disgusto en la comparecencia de Moragas del martes. Por otra parte, no hay representación autonómica en el CSN, aunque la Estrategia habla de implicar a todas las administraciones y el Consejo puede convocar a responsables de CC.AA. y entes locales.
  • Inmigración: la Estrategia carga las tintas sobre la amenaza de la inmigración incontrolada y la radicalización de los ya residentes, aspecto probablemente único de discrepancia del PSOE con el Gobierno PP.
  • Modelo: el diputado Gaspar Llamazares –Izquierda Plural- criticó el pasado martes la insistencia en la seguridad en tiempos de recortes sociales, y planteó, “¿por qué no hay una Estrategia de Solidaridad Nacional?”.
Las 12 amenazas identificadas en la Estrategia de Seguridad Nacional son conflictos armados; terrorismo; ciberamenazas; crimen organizado; inestabilidad económica y financiera; vulnerabilidad energética; flujos migratorios irregulares; armas de destrucción masiva; espionaje; emergencias y catástrofes naturales; vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales. A partir de ellas y de la actualidad, se pueden identificar algunos temas de interés para los convocados a la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional:
  • Espionaje electrónico generalizado por parte de una multinacional anglosajona formada por los Gobiernos de EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, según las filtraciones periodísticas de las últimas semanas. La Estrategia habla expresamente de ciberseguridad y espionaje; y también menciona el “uso nocivo de las nuevas tecnologías” entre los factores potenciadores de riesgos y amenazas. Planteada la cuestión en el Congreso, el director de Gabinete de Rajoy señaló que “no consta a este Gobierno que se hayan producido ataques ni espionaje por parte de EE.UU.”.
  • Crisis económica: dice el documento de la Estrategia que “la crisis financiera y económica que actualmente afecta a España, a la zona euro y a parte de las economías mundiales representa uno de los mayores retos para la Seguridad Nacional (sic las mayúsculas) y extrema la necesidad de ser eficientes en la respuesta”. Por tanto, el Rey, el presidente y los ministros y otros altos cargos reunidos no podrían dejar de debatir este tema.
  • Latinoamérica: la retención en varios países europeos del avión del presidente Evo Morales de hace unos días, ante la sospecha no confirmada de esconder al filtrador Snowden, ha provocado la indignación de los principales gobernantes iberoamericanos, condena de la OEA incluida, y también de los grupos parlamentarios españoles, excepto los dos mayoritarios.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2013 es una revisión de la aprobada en 2011 por el Gobierno Zapatero y acordada ahora con el PSOE, defiende una concepción integral de la seguridad y un concepto amplio que abarca “desde la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de infraestructuras críticas”. Moragas justificó la redacción de una estrategia tan solo a dos años de la anterior en la convocatoria de elecciones, el necesario desarrollo del Sistema de Seguridad, y también porque nunca está de más cumplir una promesa recogida en su programa electoral.
Con todo, la Estrategia de Seguridad Nacional incluye algunas referencias que podría calificarse al menos de extrañas, y que el tiempo dirá si protagonizan o no las deliberaciones del Consejo:
  • Países chocantes: Australia y Canadá aparecen textualmente en la Estrategia, naciones aliadas cuya presencia sólo se puede explicar por nuestro interés en venderles material de Defensa. Difícilmente aparecería España en su estrategia de seguridad, si la tuvieran.
  • Colaboración público-privada: un mantra reiterado en la Estrategia que puede hacer recordar las autopistas radiales de peaje de acceso a Madrid –iniciativas privadas rescatadas por el Estado-; o la operación policial llamada Pitiusa que hace un año desarticuló una red criminal de informantes dentro de la Administración del Estado y empresas de telecomunicaciones. La diputada del PP Rodríguez Salmones destacó en el debate del martes la dificultad de la colaboración pública-pública, entre diversas administraciones, y también aquélla con el ámbito privado, que nadie se molestó en explicar.
  • Cultura de seguridad: la Estrategia se compromete a fomentar una “cultura de la seguridad sólida, basada en el previo conocimiento, concienciación y sensibilización sobre la importancia que la seguridad reviste para garantizar su libertad (la del ciudadano), prosperidad y, en suma, su modo de vida conforme a los postulados del Estado social y democrático de Derecho”. Bienvenida cualquier iniciativa destinada a elevar la cultura de los españoles.
  •  “La seguridad es un pilar de la conservación, la estabilidad y la continuidad del Estado”, dice la Estrategia, como si el Estado fuera un fin en sí mismo al margen de los ciudadanos, aunque muchas otras referencias a éstos convierten la frase en una extravagancia que no suele abundar en el documento.
  • La proliferación de armas de destrucción masiva ocupa un lugar destacado en la Estrategia, se incluye también una referencia al programa nuclear iraní y al “desarrollo de programas balísticos”, presencias sólo explicables por la reciente cesión de la base naval de Rota como base de cuatro buques de EE.UU. en el marco de su escudo antimisiles.
  • Resiliencia: extraño palabro que aparece ocho veces en el documento de la Estrategia. Dice el Diccionario de la RAE que se trata de un término procedente del mundo de la psicología que alude a la “capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”. En la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. de mayo de 2010 el término aparece en 21 ocasiones. En el Libro Blanco de Seguridad y Defensa de Francia de abril de 2013, en 11.
  • Mayúsculas: estos documentos relacionados con la seguridad o la Defensa están llenos de mayúsculas sin ton ni son, una forma errónea de destacar la importancia de lo que se escribe.

Sugerencias

Foto de la reunión (EFE), único mensaje transmitido de su contenido.

domingo, 7 de julio de 2013

Rajoy y el mito del Estado despilfarrador

El presidente del Gobierno se ha visto en la necesidad de acabar con un mito: al calor de la presentación del Plan de Reforma de la Administración, y de algunas voces cercanas que le critican la timidez de sus medidas, ha señalado que España es de los países con menor gasto público, que contamos con una buena Administración, con no excesivo número de funcionarios. “España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% sobre el PIB frente al 47% de media en la zona euro", ha dicho.
La pregunta es quiénes y desde dónde se han dedicado durante años a alimentar a la hermosa criatura y trabajar por el desprestigio de lo público, con éxito vistos los resultados.
En el ámbito de lo público está por supuesto el presupuesto -equiparado con despilfarro-, también la política –todos corruptos-, los servicios públicos -a la baja, copagos-, la educación -recorte de becas y refuerzos-, la sanidad -exclusión de inmigrantes, pago de medicamentos-, los impuestos –reciente amnistía fiscal-, los empleados públicos –unos vagos-, los medios de comunicación públicos -cierre en Grecia, desprestigio y hundimiento de audiencia en España-, la Monarquía -hasta empresarios cercanos piden la devolución de los regalos-.
Y en el ámbito de lo público se encuentra también la seguridad. No se puede pedir mayor gasto, conocimiento y compromiso con la Defensa al margen de las líneas anteriores.
Vivimos tiempos de recortes, llamados reformas, acompañados de medidas normalmente de coste cero para implantarlas que mágicamente producen réditos multimillonarios. Se puede mencionar, por ejemplo, el traspaso de competencias y presupuesto a las diputaciones, en lugar de su eliminación, lo que no implicaría la desaparición de sus empleados, presupuesto, programas y edificios –se hicieron bien grandes en el siglo XIX para visualizar el poder del Estado-, que pasarían a las Comunidades Autónomas. Nadie en Madrid, Murcia o La Rioja (comunidades uniprovinciales) ha echado de menos a las diputaciones ni un solo día de los últimos 30 años.
Otro ejemplo concreto sobre actuaciones recientes podría ser el empleo público, que se ha reducido en más de 370.000 en año y medio.
Detrás de todo esto hay ideología, la defensa de un Estado mínimo, con las alas recortadas, perfectamente defendible si no se disfraza de otra cosa, por ejemplo de eficiencia.
Ahora bien, quien desde dentro del ámbito de lo público se dedica a desprestigiarlo, pues puede acabar teniendo un problema, porque lo normal es que se le acabe derrumbando el edifico encima, aunque cobre durante el proceso 200.000 euros al año –resulta curioso el acuerdo de gente diversa en torno a esa cifra-.
Sucede que en muchas ocasiones se aprovechan circunstancias críticas, con la conciencia adormecida, para implantar programas políticos que en otras situaciones no serían aceptados.
La crisis económica, que se ha traducido en el hundimiento de los ingresos públicos, también en la nacionalización de deudas privadas, se está aprovechando para reducir el Estado y centralizar competencias.
Ocurrió algo parecido con el 11-S: el atentado abrió la puerta a un programa radical en materia de seguridad, de intervenciones unilaterales, elaborado pacientemente durante décadas y bien engrasado económicamente. Se puso en marcha la guerra mundial e interminable contra el terrorismo que ha permitido la invasión de Irak, Guantánamo, las ejecuciones extrajudiciales con drones y un sistema de espionaje de las comunicaciones generalizado.
Un nuevo mito éste al que Rajoy podría dedicarse a desmontar en el futuro: que los instrumentos que deben garantizar nuestra seguridad se dediquen a espiar a ciudadanos, países aliados, organizaciones internacionales. El mito de que al amparo de una supuesta defensa de nuestra seguridad se han traspasado todos los límites y se ha recortado la libertad de los ciudadanos.
En este escenario de ámbito público desprestigiado y vigilancia total de la ciudadanía con la excusa del terrorismo, en las últimas semanas se han aprobado o debatido asuntos de gran importancia que afectan a la Defensa:
  • Proyectos de Ley  de Acción y del Servicio exterior del Estado; y de Seguridad privada.
  • Informe y Oficina para la Reforma de las Administraciones Públicas.
  • Presentación de la propuesta de racionalización del patrimonio inmobiliario de Defensa.
  • Contingente español en la operación de la UE en Malí, duplicado.
Comparecencias parlamentarias
  • Del Secretario de Estado de Defensa para informar sobre la racionalización del patrimonio inmobiliario de Defensa.
  • Del secretario de Estado de Asuntos Exteriores sobre la instalación de 500 marines en Morón.
  • Del secretario de Estado de Comercio sobre exportaciones de material de Defensa en 2012.
Fin: han pasado 105 días desde que conocimos por El País que militares españoles torturaron en Irak. Esas personas o siguen dentro de las Fuerzas Armadas o andan tranquilamente por la calle. Los tiempos políticos, los de la responsabilidad y los de la reputación, nada tienen que ver con los judiciales.
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Habría que emplear al menos tantos esfuerzos en destruir los mitos falsos como los que se destinaron a fabricarlos.

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