domingo, 7 de julio de 2013

Rajoy y el mito del Estado despilfarrador

El presidente del Gobierno se ha visto en la necesidad de acabar con un mito: al calor de la presentación del Plan de Reforma de la Administración, y de algunas voces cercanas que le critican la timidez de sus medidas, ha señalado que España es de los países con menor gasto público, que contamos con una buena Administración, con no excesivo número de funcionarios. “España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% sobre el PIB frente al 47% de media en la zona euro", ha dicho.
La pregunta es quiénes y desde dónde se han dedicado durante años a alimentar a la hermosa criatura y trabajar por el desprestigio de lo público, con éxito vistos los resultados.
En el ámbito de lo público está por supuesto el presupuesto -equiparado con despilfarro-, también la política –todos corruptos-, los servicios públicos -a la baja, copagos-, la educación -recorte de becas y refuerzos-, la sanidad -exclusión de inmigrantes, pago de medicamentos-, los impuestos –reciente amnistía fiscal-, los empleados públicos –unos vagos-, los medios de comunicación públicos -cierre en Grecia, desprestigio y hundimiento de audiencia en España-, la Monarquía -hasta empresarios cercanos piden la devolución de los regalos-.
Y en el ámbito de lo público se encuentra también la seguridad. No se puede pedir mayor gasto, conocimiento y compromiso con la Defensa al margen de las líneas anteriores.
Vivimos tiempos de recortes, llamados reformas, acompañados de medidas normalmente de coste cero para implantarlas que mágicamente producen réditos multimillonarios. Se puede mencionar, por ejemplo, el traspaso de competencias y presupuesto a las diputaciones, en lugar de su eliminación, lo que no implicaría la desaparición de sus empleados, presupuesto, programas y edificios –se hicieron bien grandes en el siglo XIX para visualizar el poder del Estado-, que pasarían a las Comunidades Autónomas. Nadie en Madrid, Murcia o La Rioja (comunidades uniprovinciales) ha echado de menos a las diputaciones ni un solo día de los últimos 30 años.
Otro ejemplo concreto sobre actuaciones recientes podría ser el empleo público, que se ha reducido en más de 370.000 en año y medio.
Detrás de todo esto hay ideología, la defensa de un Estado mínimo, con las alas recortadas, perfectamente defendible si no se disfraza de otra cosa, por ejemplo de eficiencia.
Ahora bien, quien desde dentro del ámbito de lo público se dedica a desprestigiarlo, pues puede acabar teniendo un problema, porque lo normal es que se le acabe derrumbando el edifico encima, aunque cobre durante el proceso 200.000 euros al año –resulta curioso el acuerdo de gente diversa en torno a esa cifra-.
Sucede que en muchas ocasiones se aprovechan circunstancias críticas, con la conciencia adormecida, para implantar programas políticos que en otras situaciones no serían aceptados.
La crisis económica, que se ha traducido en el hundimiento de los ingresos públicos, también en la nacionalización de deudas privadas, se está aprovechando para reducir el Estado y centralizar competencias.
Ocurrió algo parecido con el 11-S: el atentado abrió la puerta a un programa radical en materia de seguridad, de intervenciones unilaterales, elaborado pacientemente durante décadas y bien engrasado económicamente. Se puso en marcha la guerra mundial e interminable contra el terrorismo que ha permitido la invasión de Irak, Guantánamo, las ejecuciones extrajudiciales con drones y un sistema de espionaje de las comunicaciones generalizado.
Un nuevo mito éste al que Rajoy podría dedicarse a desmontar en el futuro: que los instrumentos que deben garantizar nuestra seguridad se dediquen a espiar a ciudadanos, países aliados, organizaciones internacionales. El mito de que al amparo de una supuesta defensa de nuestra seguridad se han traspasado todos los límites y se ha recortado la libertad de los ciudadanos.
En este escenario de ámbito público desprestigiado y vigilancia total de la ciudadanía con la excusa del terrorismo, en las últimas semanas se han aprobado o debatido asuntos de gran importancia que afectan a la Defensa:
  • Proyectos de Ley  de Acción y del Servicio exterior del Estado; y de Seguridad privada.
  • Informe y Oficina para la Reforma de las Administraciones Públicas.
  • Presentación de la propuesta de racionalización del patrimonio inmobiliario de Defensa.
  • Contingente español en la operación de la UE en Malí, duplicado.
Comparecencias parlamentarias
  • Del Secretario de Estado de Defensa para informar sobre la racionalización del patrimonio inmobiliario de Defensa.
  • Del secretario de Estado de Asuntos Exteriores sobre la instalación de 500 marines en Morón.
  • Del secretario de Estado de Comercio sobre exportaciones de material de Defensa en 2012.
Fin: han pasado 105 días desde que conocimos por El País que militares españoles torturaron en Irak. Esas personas o siguen dentro de las Fuerzas Armadas o andan tranquilamente por la calle. Los tiempos políticos, los de la responsabilidad y los de la reputación, nada tienen que ver con los judiciales.
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Habría que emplear al menos tantos esfuerzos en destruir los mitos falsos como los que se destinaron a fabricarlos.

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