sábado, 29 de marzo de 2014

Suárez y su transición militar

El expresidente sentó algunas de las bases de la defensa moderna: la creación de un único Ministerio, las limitaciones políticas de los militares, la supremacía del poder civil

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Los militares que han llevado a hombros el féretro de Adolfo Suárez poco tienen que ver con los que amenazaron la naciente democracia española bajo su presidencia. Y la política de defensa tampoco.
El ruido de los disparos en el Congreso y la voz cuartelera del golpista ejecutor más visible aún ocultan algunas medidas que Suárez puso en marcha durante sus cinco años en la Moncloa.  Entre 1976 y 1981 se inició un largo proceso, se pusieron algunas bases para convertir la política militar en una política de defensa, y quizá el ejemplo paradigmático fue la propia creación de un Ministerio de Defensa en 1977, que aglutinó los tres ministerios existentes hasta entonces, uno por ejército.
En ese lustro los militares comenzaron a pasar de destinatarios de una política corporativa a un instrumento del Estado para la política de defensa, de institución bastante autónoma a organismo enmarcado en la administración general del Estado, de actor político sin prestigio profesional a militares reconocidos por su actuación recibiendo órdenes del Gobierno, del enemigo interior como objetivo a la protección exterior.
Cuenta Gregorio Morán, autor de varios libros sobre el expresidente, que Suárez con 29 años, durante una breve estancia en Sevilla, se presentó en 1959 a las oposiciones para el Cuerpo Jurídico de la Armada, que no aprobó. Una salida profesional para licenciados en Derecho que no parece hoy muy afín a la ambición personal y política que el joven Suárez ya apuntaba. Su ingreso en la Armada hubiera cambiado la historia de España, o no si miramos a otros políticos como Alfonso Osorio, vicepresidente con el propio Suárez, o Federico Trillo, hoy embajador en Londres, que pasaron por esa etapa profesional. Quedó el episodio de las oposiciones en un breve paréntesis de Suárez en su estrecha relación con Herrero Tejedor, al que acompañó en su ascenso primero y luego propio por el Movimiento Nacional.
En la hora de la despedida a Adolfo Suárez es preciso reconocer que gran parte de lo que hizo en relación con los militares se lo debe a Gutiérrez Mellado, en el apartado de normas publicadas en un boletín oficial; y a la navegación diaria corresponde el mensaje claro que enviaba Suárez a la milicia sobre quién contaba con la legalidad y la legitimidad.
Para el historiador Fernando Puell de la Villa, “el principal mérito de Gutiérrez Mellado fue, sin lugar a dudas, haber llevado a buen término la instauración del Ministerio de Defensa. Tampoco deben dejarse de lado otros elementos modernizadores –añade-, cuya importancia no se debe minimizar. Por ejemplo, la reforma de las longevas Ordenanzas de Carlos III, la lucha contra el pluriempleo, la reducción de efectivos y la nivelación de escalas, o la adecuación de determinados símbolos a la nueva situación, en particular la sustitución del desfile anual conmemorativo de la victoria de 1939 por el Día de las Fuerzas Armadas”.
A continuación, un intento de detectar semillas de avance en el mundo de la defensa entre 1976 y 1981, con alguna referencia a la actualidad.

Con Franco, un 40% de ministros militares

Narcís Serra, ministro de Defensa con el PSOE entre 1982 y 1991, recuerda en su libro “La transición militar” que de los 114 ministros que tuvo Franco, 40 eran militares; y también 955 de los casi 4.000 procuradores en Cortes. Este escenario convierte a las Fuerzas Armadas al inicio de la Transición en un actor corporativo privilegiado en un sistema hasta entonces sin partidos, que pasa a un sistema de representación democrática con más actores y donde las decisiones se adoptan por concierto.
Modificando una imagen que ha circulado en estos últimos días, en el ámbito militar no había que remodelar el edificio viviendo en él sin que dejara de funcionar, porque en este caso no funcionaba. Como mucho, había que reformar sin que el inquilino te agrediera.
Suárez entró en diciembre de 1975 en el primer Gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro como ministro Secretario General del Movimiento y en julio de 1976 el Rey le nombró presidente.
Puell de la Villa señala que “la mayoría de los analistas coinciden en afirmar que la transición política se inició con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y  podría situarse el pistoletazo de salida de la militar con la llegada de Gutiérrez Mellado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno para Asuntos de la Defensa en septiembre de 1976”.
Existen precedentes dentro de los ejércitos que intentaron avanzar, sin éxito, hacia la neutralidad del militar en temas políticos, la subordinación al poder ejecutivo, impulsados en gran medida por el teniente general Manuel Díaz-Alegría como Jefe del Alto Estado Mayor y sobre todo antes desde la dirección del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, destinos ambos donde contó con el trabajo de Gutiérrez Mellado como estrecho colaborador.
Los ejércitos en esos momentos son una organización desmesurada, que salía del conflicto del Sáhara, con exceso de oficiales y cuadros de mando envejecidos, donde buena parte de los militares estaban pluriempleados, cuya cúpula basaba su prestigio en la Guerra Civil, con una operatividad muy modesta.
En 1977 la participación de Defensa en los Presupuestos del Estado era del 15%, el triple que en la actualidad, lo que da idea de su tamaño exagerado y de la elevada factura total de salarios normalmente bajos, y también refleja el porcentaje unas cuentas públicas que aún no tenían el IRPF salido de los Pactos de la Moncloa.

“El Ejército no está para mandar, sino para servir”

Palabras de Gutiérrez Mellado en su toma de posesión: “No olvidemos nunca que el Ejército, por muy sagradas que sean sus misiones, está no para mandar, sino para servir; y que este servicio, siempre a las órdenes del Gobierno de la Nación, es exclusivo para España y para nuestro Rey”.
La separación de los militares de la política se instrumentó mediante el Decreto-ley 10/1977, aprobado en febrero de ese año, y supone una de las primeras medidas legales en el ámbito militar del Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Se trata de una normativa muy estricta, que prohibía cualquier actividad política y sindical en el seno de los ejércitos, disponía el paso a la situación de retirado y sin posibilidad de reingreso de cualquier militar de carrera que se afiliara a un partido, fuera candidato en elecciones o aceptase un cargo público. El propio Gutiérrez Mellado y el ministro Osorio se vieron afectados por la norma y pasaron a la situación de retiro.
Para el exministro Narcís Serra se trataba de lanzar a la sociedad y a los militares un mensaje contundente, aunque no se muestra muy optimista sobre sus efectos, ya que “frenaron la difusión de ideas democráticas en los ejércitos españoles”. Doce años después el propio Serra estableció una regulación mucho más flexible.
Dando un salto hasta la actualidad, hace unas semanas el Ministerio de Defensa tuvo interés a través de una nota de agencia de noticias en informar a los interesados de que los militares en servicio activo no podrán participar en las primarias abiertas que el PSOE convocará previsiblemente el próximo mes de noviembre por tratarse de un "acto de colaboración" con un partido, incompatible con la obligación de "neutralidad política" que queda establecida en la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Aún perviven hoy resistencias hacia la participación política de los militares, incluso de carácter anónimo y sin ostentación de uniforme o profesión, circunstancia discutida y discutible por especialistas en derecho constitucional.
Un tema cercano es el de las relaciones e incluso tensiones entre el ámbito político y el militar, que entran dentro de la normalidad en un régimen democrático, que han llevado hasta al presidente de Estados Unidos a cesar fulminantemente en 2010 al máximo responsable militar norteamericano en Afganistán, Stanley McChrystal, por un reportaje en la revista Rolling Stone en donde deslizaba críticas hacia el equipo político de Obama.

De tres ministerios a uno

A pesar de que durante la guerra civil tanto la República como el bando franquista tuvieron un ministro de Defensa, Franco decidió en 1939 crear tres ministerios militares, que se mantuvieron hasta dos años más allá de su muerte. Las causas hay que buscarlas en los recelos al excesivo poder que pudiera concentrar una sola persona, y también la utilidad de sentar tres uniformados en el consejo de ministros. Como clara desventaja, la dificultad de coordinación, cada ministerio militar se dedicaba a defender los intereses de cada ejército, la difícil actuación integrada, la interlocución directa a la que se acostumbraron con la jefatura del Estado.
La creación del Ministerio de Defensa se considera uno de los principales logros de la política de Defensa de Suárez incluso por parte de los propios protagonistas, aún con todas las resistencias, limitaciones al nuevo organismo y cantones independientes que incluso hoy se mantienen.
Aunque existieron planes previos y la decisión ya estaba tomada, Suárez prefirió esperar para crear el nuevo Ministerio al reconocimiento del PCE y a la celebración de las primeras elecciones generales que le legitimaban en el puesto, y así finalmente se hizo en julio de 1977.
El Ministerio de Defensa nace con la obligación de que militares de carrera ocupen los altos cargos y no se hizo depender de él las áreas correspondientes de los ejércitos, circunstancia especialmente llamativa en armamento y material, cuya dirección general debía desempeñar sus funciones “de acuerdo con las normas y especificaciones que señalasen los cuarteles generales de los ejércitos”, según recuerda Serra.
Durante los primeros siete años de vida el Ministerio de Defensa no tuvo sede propia, pero aún así su creación, que no despertó una oposición frontal como otros temas, permitió colocar los cimientos de los avances de una transición militar que se prolonga al menos hasta finales de los 80.
A pesar de la creación del Ministerio de Defensa, su estructura quedó como algo al margen de lo militar, como mucho con la misión de dotarlo de medios humanos y materiales, pero sin competencias directas sobre la fuerza, al margen de la cadena de mando que enlazaba directamente al jefe del Estado con los ejércitos.
Puell define la situación creada con el nuevo Ministerio en una “autonomía de las Fuerzas Armadas respecto a la administración general del Estado, quedando inmersas en una especie de limbo de difícil encaje legal y ajeno al Gobierno, situación que éste optó por mantener, de forma que la política militar quedase totalmente en manos de los militares”.
En los dos años primeros años de vida Gutiérrez Mellado fue el primer ministro de Defensa, hasta que en abril de 1979, ya en la segunda legislatura, ocupó la cartera Agustín Rodríguez Sahagún, primer civil en el puesto en medio siglo y titular del área el 23-F. El primero siguió como vicepresidente del Gobierno para los asuntos de la Seguridad y la Defensa Nacional, y ambos cesaron el 26 de febrero de 1981 cuando se formó el nuevo Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo con Alberto Oliart como ministro de Defensa.
Aún hoy, siendo muchos los cambios, los responsable del Ministerio de Defensa continúan, por ejemplo, avanzando en la reducción de los órganos de contratación –200 hasta muy recientemente- y centralizando adquisiciones como combustible, informática, electricidad, limpieza o seguridad.
Con mayor relevancia económica y política, la Dirección General de Armamento se encuentra a punto de culminar un proceso de concentración de competencias y programas hasta ahora dispersos, los fondos, las decisiones y la responsabilidad, entre los cuarteles generales e incluso la propia industria de defensa.
La organización sigue mostrando resistencias incluso a la figura de un mando militar operativo único, que es el Jefe de Estado Mayor de la Defensa –JEMAD-. Hace no mucho tiempo, en acto público, un primer jefe de uno de los tres ejércitos se quejaba de que “el entrenador que está toda la semana con el equipo no ejerce cuando se juega el partido”, en alusión a que quien adiestra las unidades a la hora de la operación real no interviene, forma nada disimulada de cuestionar la figura del JEMAD y de desligarse de las decisiones operativas que toma el Gobierno.

Espías y OTAN, objetivos pendientes

Dos importantes asuntos quedaron en el quinquenio de Suárez a medio hacer, la reforma de los servicios de inteligencia y el ingreso de España en la OTAN, ambos curiosamente muy relacionados con el 23-F.
En el decreto de 1977 que fija la estructura del nuevo Ministerio de Defensa aparece un nuevo órgano de inteligencia, el Centro Superior de Información de la Defensa –CESID- que agrupa dos servicios preexistentes, el creado por Carrero Blanco para vigilar a la oposición (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, SECED) y la Segunda División del Alto Estado Mayor.
Juzgándolo por los resultados, el nuevo CESID pudo ser un primer paso para racionalizar la inteligencia pero no fue posible por los cambios frecuentes en su dirección, por su descoordinación; y sobre todo porque no pudo o no quiso desactivar el 23-F e incluso algunos de sus integrantes participaron activamente en el golpe.
Precisamente el golpe de Estado es directamente responsable del segundo asunto, la acelerada integración de España en la OTAN decidida por Calvo Sotelo como método de civilizar las Fuerzas Armadas y también para evitar que la victoria del PSOE en las siguientes elecciones, que se daba por segura, pudiera truncar el proceso.
Suárez y Gutiérrez Mellado fueron especialmente cautos con la pertenencia de España a la Alianza Atlántica, probablemente con el fin de evitar un nuevo tema de enfrentamiento en el debate político, con toda la oposición de izquierdas radicalmente en contra.
La evolución del asunto es conocida, Calvo Sotelo aceleró el proceso, en otoño se produjo un bronco debate parlamentario, en diciembre de 1981 el Consejo Atlántico aceptó y el ingreso fue formalizado en junio de 1982.

La autonomía política hoy es corporativa

“El poder civil no ejerció el mando sobre las fuerzas armadas en el sentido real del término hasta mediados de los ochenta”, confiesa el propio Narcís Serra.
El rechazo de una parte importante del colectivo militar a la nueva etapa democrática queda fijado como en una fotografía en el texto de la Constitución de 1978, y se prolonga en el tiempo en los ámbitos donde el exministro sitúa las reservas de autonomía, que suelen ser los campos de la Justicia y la Formación.
Por una parte, en pocos asuntos como éste la Constitución de 1978 es hija de su tiempo y de la relación de fuerzas entonces existente. Con ser un avance importante –en partes como la separación de los ejércitos y la policía-, conserva una apreciable dosis de ambigüedad en varias aspectos que la llevaron a no ser un punto de referencia sólido en la reforma militar.
Se ha debatido con generosidad sobre la inclusión de las Fuerzas Armadas en el Título preliminar dedicado a las instituciones y poderes del Estado, con lo que indirectamente se reconoce una autonomía como institución más allá de la política y de la administración del Estado de la que forman parte.
La redacción final del artículo 8, que encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional" es muy similar a la del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de 1967.
Una futura reforma del texto constitucional debiera contemplar la revisión en profundidad de cuantas referencias aparecen en el texto a lo militar, la paz o la guerra, o la inexistencia de la administración militar que allí aparece, por obsoletos.
El actual JEMAD acabó su formación superior de oficial en la Escuela Naval Militar de Marín en 1976 y el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en 1974. La organización que les formó y a la que se incorporaron como alférez de navío o teniente no tiene nada que ver con la actualidad, afortunadamente. Lo que no implica que las Fuerzas Armadas hayan avanzado mucho más en cuanto a modernización material y capacitación de sus miembros que en la propia organización, el Ministerio de Defensa, que aún tiene mucho que avanzar como entidad única. Las reservas de autonomía que en el pasado escondían el rechazo al cambio político se explican hoy por la defensa de ventajas corporativas.

Sugerencias


viernes, 21 de marzo de 2014

Rajoy pone en marcha un 'Plan África' militar

  • Defensa traslada el despliegue español al centro de África
  • El Congreso autoriza al Gobierno a enviar 85 militares a la República Centroafricana

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Letrero en las cercanías del aeropuerto de la capital
centroafricana (Foto: AFP).
En poco más de un año el peso de la participación militar española en operaciones en el exterior se ha trasladado de Oriente Próximo (Líbano) y Medio (Afganistán) al centro de África. Más de 600 soldados españoles (un millar contando con todo el personal embarcado) se despliegan hoy desde el Atlántico al Mar Rojo, desde Gabón a Somalia. África recupera protagonismo para la política exterior española, una atención de carácter casi exclusivamente militar hasta el momento. Desde el punto de vista operativo, las últimas misiones africanas marcan tendencia.
El pleno del Congreso de los diputados ha aprobado este jueves (con comparecencia del ministro y minidebate el miércoles) el despliegue de 85 militares en el marco de la operación de la Unión Europea en la República Centroafricana. Junto con la operación en Malí que ahora cumple un año, éste se trata del último movimiento de un cambio de foco de la política exterior y de defensa del Gobierno Rajoy, con diversas intervenciones que van conformando una especie de Plan África militar que ya cuenta con presencia uniformada española de diversa naturaleza en Senegal, Mauritania, Malí, Gabón, República Centroafricana, Uganda, Yibuti, aguas y capital de Somalia.
La Revista Española de Defensa, órgano oficial y la mejor de la veintena de publicaciones periódicas que edita el Ministerio, dedicaba precisamente su último número casi monográficamente a África, con un entusiasmo hasta ahora sólo mostrado hacia el mundo árabe-islámico y el terrorismo yihadista.
En su comparecencia en el Congreso, el ministro de Defensa ha alertado sobre “la amenaza de creación de un segundo gran cinturón de inestabilidad africana”, que pudiera incluir Sudán del Sur, la República Centroafricana y también Nigeria. El primer cinturón al que también se refiere Morenés es el Sahel, la frontera sur del Sáhara, “donde sí tenemos un peligro inminente”, área de especial interés por su potencial poder desestabilizador de nuestros vecinos del norte de África, el Mágreb, y donde ya estamos en Malí desde comienzos de 2013.
Hotel Ledger Plaza en Bangui.
El ministro Morenés insiste en su discurso que España interviene en África sin un interés material ni específico, a diferencia de otros países como Francia, aunque subyace en sus palabras un interés bien interesado que tiene su origen en temas como el suministro energético, la amenaza del terrorismo o las redes de inmigración. Como ejemplo, de Nigeria procede el 15% del petróleo y el 10% del gas que importa España.
“No podemos permanecer ciegos a un desastre humanitario de tal magnitud, ni podemos permitir que la crisis humanitaria y inestabilidad se extienda a nivel regional”, dice el ministro.
Concretando algo más, Morenés menciona cuatro objetivos: “la protección de la población, la restauración del orden público, el restablecimiento del poder del Estado, la facilitación de la ayuda humanitaria y el apoyo a la reforma del sector de la seguridad”.

República Centroafricana

La República Centroafricana ocupaba antes de la última crisis el puesto 180 sobre 188 países en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Aunque los últimos conflictos proceden de un golpe de Estado hace justamente un año, la situación de inestabilidad se remonta a una década y desde diciembre ha saltado por los aires. “Es imprescindible que comencemos por imponer la paz”, dice Morenés, como primer paso de un trabajo ingente que debe empezar por garantizar la seguridad.
Con una superficie mayor que España, la mitad de sus cinco millones de habitantes necesita ayuda humanitaria, el conflicto civil ha generado 600.000 desplazados internos y cerca de 300.000 refugiados en países vecinos. Se puede decir que el Estado no existe.
Lo que ha hecho el Congreso este jueves es ratificar la decisión del Consejo de Ministros del pasado 7 de marzo, que aprobó el despliegue y la participación de una Fuerza de Operaciones Especiales de 50 efectivos, una sección de la Guardia Civil hasta un máximo de 25 agentes (“bajo el mando del JEMAD”, quiso dejar claro Morenés) y diversos oficiales para los Cuarteles Generales de la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana. En principio la UE monta esta operación por un plazo de seis meses y con un número total de 900 militares, a la espera de una próxima operación de Naciones Unidas.
Infografía en la revista del Ministerio de Defensa.
El país no tiene ejército, sus 8.500 integrantes lo han abandonado, y únicamente permanece un tercio de las fuerzas policiales, por lo que la seguridad del país la mantiene hoy las tropas francesas (2.000), que iniciaron el pasado 6 de diciembre la operación Sangaris; y la misión de la Unión Africana MISCA (alrededor de 6.000 uniformados), en proceso de transformarse en una operación de paz de NN.UU., que a duras penas consiguen mantener cierto control sobre la capital. El resto del país está fuera de control.
El despliegue español ahora autorizado no es el primero para la República Centroafricana. Desde hace tres meses opera un avión de transporte Hércules C-130 (con los 50 militares necesarios) dedicado a apoyar la operación francesa. A partir de finales de marzo este avión operará desde bases francesas en el vecino Gabón.
En el breve debate celebrado el miércoles en el Congreso todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo a la misión, excepto la Izquierda Plural, que criticó este tipo de operaciones por su fracaso hasta el momento para estabilizar o democratizar los países donde actúan y por encubrir la avaricia occidental por controlar los recursos naturales. El diputado Centella recordó que en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores para 2014 no aparece ni un euro destinado a la República Centroafricana, “la ayuda humanitaria se reduce y se aumenta la participación militar”, criticó.
El portavoz del PP, Vicente Ferrer, trató de responder preguntándose por el “fabuloso El Dorado que vamos a saquear en Líbano, Afganistán, Malí o Yibuti, lo único que hay en esos países son grandes cantidades de arena, alimañas ponzoñosas y balas”, afirmó.
El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, mostró un apoyo crítico a la operación y recordó que “la solución al conflicto no está ni estará únicamente en estas misiones”, sino en una “estrategia de apoyo sostenida, de cooperación, de prevención de conflictos”, y en este contexto señaló que España ha reducido en tres años a la mitad la ayuda al desarrollo y en un 75% la ayuda humanitaria.

Malí, un año

Soldado francés en la República Centroafricana
el pasado mes de enero (Foto: AFP).
España participa desde hace poco más de un año con un contingente de 110 militares en la operación de la Unión Europea en Malí, que ha finalizado la formación de cuatro batallones malienses. Por las instalaciones de EUTM habrán pasado un total de 2.900 militares malienses, siendo todos ellos desplegados en el norte del país.
La misión está basada en dos pilares, por un lado el entrenamiento de los batallones malienses, que se lleva a cabo en el campo de Koulikoro, a unos 60 kilómetros al noreste de Bamako, la capital maliense, y por otro, el pilar de asesoramiento para la reforma global de sus Fuerzas Armadas, que se lleva a cabo mayoritariamente en la capital.
La participación española comenzó también poniendo a disposición francesa –operación Serval- un avión de transporte C-295 que opera desde Dakar (Senegal), con un contingente de medio centenar de militares. Desde el inicio del despliegue en enero de 2013, se han desarrollado 166 misiones, con un total de 407 vuelos, transportando más de 3.000 pasajeros y 625.000 kilos de carga.
Cruzando el continente, España mantiene un protagonismo indiscutible y creciente en aguas de Somalia. Además de la participación en la operación Atalanta contra la piratería con un Buque de Acción Marítima y otros medios aéreos que suman más de 200 efectivos, una fragata F-100 de la Armada se encuentra actualmente al mando en la operación Ocean Shield de la OTAN en el cuerno de África (otros 250 militares de tripulación).
En este contexto cabría mencionar también que la UE aprobó este 17 de marzo una estrategia para el Golfo de Guinea, con el objetivo de luchar contra la inseguridad marítima y el crimen organizado, posible avance de alguna actuación militar sobre el terreno, o sobre el agua.

Nuevo modelo de intervención militar

Las dos operaciones actualmente en marcha en Malí y la República Centroafricana han seguido el mismo esquema: Francia interviene, España apoya rápidamente con medios de transporte con o sin aval parlamentario, el Congreso legitima a posteriori, luego la Unión Europea o Naciones Unidas bendicen la intervención militar, España amplía su participación y la comunidad internacional trata de movilizar fuerzas africanas.
Se observa con estas operaciones una tendencia a la formación de alianzas bilaterales en Defensa (en estos casos, España persigue claramente la alianza francesa), actuaciones de pequeña envergadura (en torno a un centenar de efectivos), con horizonte temporal limitado, que combina elementos aéreos (incluso sin piloto) y fuerzas especiales, con querencia hacia la formación de fuerzas locales y la combinación de elementos militares y civiles, aunque lo militar se acaba imponiendo su mayor coste-presupuesto y número de profesionales.
Como reacción a la grave crisis migratoria de llegada de cayucos a Canarias, el Gobierno de Zapatero puso en marcha un conjunto de actuaciones a mediados de la década pasada en el continente africano –Plan África 2006-2009 y 2009-2012-, principalmente en los países de la costa occidental, que combinaba actuaciones en cooperación y seguridad. Por la vía de los hechos Rajoy parece estar conformando otro Plan África, éste exclusivamente militar, aparentemente más contundente y efectivo. A corto plazo.

Sugerencias

martes, 18 de marzo de 2014

España, séptimo exportador mundial de armamento

  • EE.UU. y Rusia suman el 56% de las ventas
  • Noruega, Australia y Venezuela, principales clientes de las empresas españolas

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
España se ha convertido en el último lustro en el séptimo exportador mundial de armamento, por delante de países como Italia, que supera nuestro PIB, y de potencias tecnológicas como Israel. A nivel internacional, Sureste asiático, Golfo Pérsico e India como país individual lideran las compras.
El instituto sueco SIPRI acaba de difundir un estudio sobre el comercio mundial de material de defensa en el periodo 2009-2013 en el que aparece España en un lugar muy destacado. Nuestro país ha escalado nada menos que hasta la séptima posición mundial en la clasificación mundial de exportadores con un 3% del mercado total, posición que supera con creces el peso internacional de la economía española y de su industria.
Los principales suministradores de armas durante el periodo 2009–2013 fueron Estados Unidos (29 % de las exportaciones globales), Rusia (27%), Alemania (7%), China (6%) y Francia (5%). Estos cinco contabilizaron el 74% del volumen total de las exportaciones de armas del mundo. El sexto lugar lo ocupa Reino Unido. Estados Unidos y Rusia juntos representaron el 56% del volumen total de las ventas de armas.
En la comparativa del periodo 2009-2013 con el previo 2004-2008 destaca a nivel mundial China, que ha multiplicado por tres sus exportaciones de armamento, seguido de España, que las ha casi duplicado. En global, el volumen de las transferencias internacionales de las grandes armas convencionales creció un 14% entre ambos tramos de fechas.
Los buenos datos de España en este periodo, que se corresponde con los peores años de la crisis, hay que encuadrarlos en la concentración en estos ejercicios de las entregas de algunos de los principales contratos firmados en el pasado reciente, con un peso determinante de la construcción naval.
En concreto, en el estudio aflora el contrato firmado en 2000 por los astilleros públicos Izar -hoy Navantia- con las Fuerzas Armadas noruegas, por un importe de 2.375 millones de euros, para la construcción de cinco fragatas, la última de ellas entregada en 2011.
En 2005 se alcanzó también un importante acuerdo con el Gobierno de Venezuela para la venta de ocho buques –cuatro patrulleros oceánicos y otros cuatro de vigilancia del litoral- y una docena de aviones de transporte por un importe global de 1.700 millones de euros, aunque la parte aérea finalmente no se materializó por el veto norteamericano en unos aparatos con componentes tecnológicos de EE.UU. En 2012 la empresa entregó a Venezuela el cuatro patrullero.
El tercer gran contrato fue el suscrito en 2007 con el Gobierno australiano para el diseño e ingeniería de tres destructores similares a las fragatas F-100 en servicio en la Armada española, y la construcción de dos buques de proyección estratégica LHD, por un importe global en torno a los 1.500 millones de euros.
En los datos manejados por SIPRI aparece también la entrega en 2009 de un submarino Scorpene a Malasia, construido por un consorcio formado por Navantia con la francesa DCNS, alianza disuelta con la voluntad de los astilleros españoles de desarrollar por su cuenta los nuevos submarinos S-80.
Por su parte, los aviones de transporte y vigilancia del tipo C-295 y C-235 que nunca llegaron a Venezuela, fabricados por EADS-CASA, hoy Airbus, aparecen también en los primeros puestos de las ventas españolas de material de defensa del último lustro, con clientes como los propios Estados Unidos, Brasil, Turquía o Indonesia. El informe del SIPRI menciona la paralización de la entrega de un C-295 a Egipto en 2013 con motivo de la inestabilidad política en ese país.
En los últimos años también se empiezan a contabilizar las entregas de varios aparatos Airbus A330 MRTT (acrónimo en inglés de Multi Role Tanker Transport, "Avión de transporte/cisterna multipropósito"), un avión cisterna de reabastecimiento en vuelo desarrollado tecnológicamente por la factoría de Airbus en Getafe (Madrid), que ha sido entregado a Arabia Saudí y Australia.
La evolución de algunos de nuestros principales socios ha sido diversa. Mientras que Francia cede el cuarto puesto mundial a China y ve caer sus exportaciones en este lustro un 30%, pero con un volumen muy elevado de ventas a India ya comprometido, Alemania ve descender también sus ventas pero se afianza en la tercera plaza con productos dirigidos principalmente a Europa, liderando mercados mundiales como el de submarinos y tanques y con curiosidades como que tuvo a Grecia como segundo destino de sus exportaciones de armas entre 2009 y 2013.
Golfo Pérsico, gran mercado
Por áreas geográficas, casi la mitad de las importaciones mundiales de armamento se concentran en Asia y Oceanía (con un crecimiento del 34% en el último quinquenio). Simplificando mucho, Rusia vende armas a India, China a Pakistán y EE.UU. trata de colocar sus productos a los dos.
Un 19% de las importaciones tiene como destino Oriente Próximo (demanda estabilizada), un 14% del comercio lo compra Europa (caída de un 25%), un 10% de las importaciones van hacia las Américas (Brasil ha incrementado sus compras un 65%) y un 9% va hacia África (crecimiento del 53%, por las compras sobre todo de Argelia, Marruecos y Sudán; y algunas importaciones de buques de vigilancia por parte de Estados subsaharianos).
Por países, los mayores compradores mundiales de armamento en el último quinquenio han sido India, China, Pakistán, Emiratos, Arabia Saudí y Estados Unidos.
Las importaciones de armas de los Estados árabes del Golfo Pérsico crecieron un 23% entre 2004–08 y 2009–13, y representaron el 52% de las importaciones de Oriente Próximo en el último periodo. Arabia Saudí creció hasta situarse como quinto principal importador mundial de grandes armas en 2009–13, comparado con el 18º lugar que ocupaba en 2004-08. EE.UU. es el gran suministrador de armamento al Golfo Pérsico.
Las importaciones de armas de la India son, al menos, tres veces superiores a las del segundo y tercer principales importadores –China y Pakistán– según los datos sobre las transferencias internacionales de armas publicadas por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
El volumen de las importaciones de India de grandes armas convencionales creció un 111% entre 2004-08 y 2009-13, y su peso en el volumen internacional de importaciones de armas aumentó del 7% al 14%. Mientras tanto, las importaciones de grandes armas por parte de Pakistán creció un 119%.
Los principales suministradores de armas a India en 2009-13 fueron Rusia (con el 75% de las importaciones) y Estados Unidos (7%) que por primera vez se situó como el segundo principal suministrador del país asiático. En contraste, el porcentaje de las importaciones de Pakistan procedentes de EE.UU. en el mismo periodo fue del 27%.
China fue también un gran suministrador en la región, aportando el 54% de las importaciones de armas de Pakistán y el 82% de las importaciones de Bangladesh.
“Los suministros de armas chinos, rusos y norteamericanos al sur de Asia están motivados tanto por consideraciones económicas como políticas” afirma Siemon Wezeman, investigador senior del Programa de transferencias de armas de SIPRI. “En particular, China y Estados Unidos parece que utilicen las entregas de armas a Asia para reforzar su influencia en la región”.

Sugerencias

lunes, 17 de marzo de 2014

¿La OTAN en Palestina?

¿Tropas de la Alianza Atlántica en Ramala? Si asoma en los medios es que se ha planteado, la posibilidad de una operación de paz gestionada por la OTAN, con el aval de Naciones Unidas, para vigilar-separar-imponer el cumplimiento de un hipotético acuerdo de paz entre Israel y Palestina.
La misión de la ONU en Líbano, que contó con un protagonismo importante español hoy reducido a la mitad, ha demostrado su efectividad para evitar conflictos en la frontera norte de Israel desde 2006.
Con el fin de la operación ISAF de la OTAN en Afganistán a finales de este año, la Alianza se enfrenta a su enésima reinvención, perderá contenido y visibilidad, y en estos tiempos si no se te ve no se sabe muy bien para qué existes. La continuidad en 2015 en suelo afgano de algún tipo de operación militar, por muy de entrenamiento y mentorización que sea, se complica por momentos, veremos después de las elecciones presidenciales.
Menos estrambótica es la relación del Atlántico Norte con Nablus que con Herat, y además la experiencia afgana es aprovechable.
Todo serían ventajas. Serviría para cambiar la visión que tiene aún de la OTAN parte de la izquierda europea y la mayoría de la opinión pública del mundo árabe, que sigue el conflicto afgano casi como una agresión propia. Y, ante todo, resultaría una apuesta a largo plazo, comprobada la larga duración de los problemas en Oriente Próximo.
Mapa del archipiélago de la Palestina Oriental
(zonas bajo control parcial de la ANP).
Sería además una forma de expandir la OTAN hacia una zona donde su presencia es escasa, viendo que su viaje por el Este de Europa ha dado ya lo mejor de sí. La OTAN ya está en Turquía y su presencia en el Mediterráneo oriental es creciente, las fragatas de la OTAN ya navegan alegres por esas aguas, hacia allá se enfoca el escudo antimisiles de Rota y algo más que atún y qat debe de haber por el mar Rojo y el cuerno de África para justificar la concentración de medios militares de todo el planeta, porque piratas ya van quedando pocos.
¿Rasmussen, secretario general de la Alianza, en la Muqata’a? –sede de la mini-autoridad palestina-, no es mala imagen. Antes debería consultar con algún colega de la diplomacia internacional para intentar no cometer los mismos errores: Anthony Blair sólo ha pisado una vez Gaza en siete años, y eso que representa al cuarteto o al quinteto o al sexteto de países interesados por la cuestión. Y Bernardino León como representante de la UE para el Mediterráneo está algo desaparecido.
Se ha dicho, porque es cierto, que la solución de los dos Estados para la Palestina histórica está al límite, si en breve no se alcanza un arreglo carecerá de sentido seguir insistiendo en el principio básico de los acuerdos de Oslo de hace 21 años.
La Autoridad Nacional Palestina -ANP-, cuya existencia responde a ese planteamiento, es una creación de Oslo, puede acabar disolviéndose y entonces cambiarían las reglas del juego: un solo Estado democrático; un hombre, un voto; una solución similar, salvando las distancias, a lo ocurrido en Sudáfrica, donde la idea de los bantustanes no llegó a fraguar y hoy conviven y sobreviven todos los sudafricanos bajo una misma estructura política.
Para ir preparando el escenario, si no lo han hecho ya, sugeriría un ejercicio táctico en algún cuartel multinacional de la OTAN, con dos naciones, el país A y el país B, totalmente hipotéticos, donde los paisanos de A llevaran kipá y los del B kufiyya. La simulación seguiría en una segunda fase con el país C, se trataría de cómo garantizar la seguridad en un territorio donde es imposible separar el crucifijo, la kipá, la kufiyya y los libros de Bertrand Russell sin limpiezas étnicas.
¿SACEUR -mando supremo de la OTAN en Europa- en Hebrón? En peores plazas ha toreado.

*************

Ha pasado un año desde que conocimos por El País que militares españoles torturaron en Irak. Esas personas o siguen dentro de las Fuerzas Armadas o andan tranquilamente por la calle. Los tiempos de la responsabilidad política, de la reputación de una organización, nada tienen que ver con los judiciales.

Judío yemení, con kufiyya.

Sugerencias



viernes, 14 de marzo de 2014

Pacto PP y PSOE en Defensa, el acuerdo del que nadie se ha enterado

  • Una resolución del pasado debate de la nación, votada mayoritariamente, aprueba impulsar la política europea de seguridad y defensa. 
  • Morenés tarda tres meses en informar al Congreso del consejo europeo de diciembre sobre Defensa
Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Entre la maraña de discursos, réplicas, contrarréplicas y polémicas del último debate del estado de la nación hubo un brote verde que nadie advirtió. Y tuvo que ser en una parte árida y gris del debate político a la que los dos líderes de los grandes partidos no suelen hacer gran caso: la Defensa y seguridad. Los grupos parlamentarios Popular y Socialista aprobaron una resolución que insta al Gobierno a impulsar la política europea de seguridad y defensa. Este ejemplo de consenso en una política de Estado ha pasado desapercibido.
León del Congreso, "fundido con los cañones tomados
al enemigo en la guerra de África de 1860", según dice
su base (Foto: secretosdemadrid.es).
En muchos círculos más o menos informados se aboga insistentemente por el acuerdo entre los grandes partidos en prioridades políticas del país, amplios consensos que incluso traspasen legislaturas, un deseo bienintencionado que llevado al extremo acabaría con el debate político y la saludable alternancia. En cualquier caso se entiende la voluntad de que se alcancen acuerdos, pero entonces cuando se producen habría que reconocerlo.
Aquí, extractados, los ocho puntos de la resolución número trece sobre seguridad y defensa europea y su traducción aproximada.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer y acordar con los socios comunitarios medidas conducentes al establecimiento de una política común de seguridad y defensa funcional y efectiva, y entre ellas:
1. El reconocimiento de la necesidad de una estrategia europea global y actualizada de defensa conjunta.
Traducción: el documento estratégico sobre Defensa de la UE fue elaborado en 2003, hace once años, con Javier Solana como responsable de política exterior. En su momento, con la invasión de Irak encima de la mesa, la estrategia europea de seguridad ofreció una visión muy avanzada, que apostaba por soluciones multilaterales y añadía su poder blando –diplomático, económico- a la fuerza militar; el contenido se revisó en 2008 y hoy nadie discute que Europa necesita redefinir su visión estratégica si quiere avanzar, qué riesgos y amenazas detecta y qué medios pone para contrarrestarlos.
2. Preparar una posible reorganización de las estructuras de gestión de crisis existentes, con el fin de fortalecer el grado de integración entre los componentes militares y civiles.
Está reconocido que una de las fortalezas de la UE es la combinación de instrumentos militares y civiles en la resolución de las crisis. Todo lo que se haga para mejorar este aspecto es avanzar en uno de los elementos distintivos de la política exterior de la UE.
3. Crear un Cuartel General Europeo de Operaciones permanente y modulable con capacidad de planificar a largo plazo y dirigir, en el nivel operacional, las misiones civiles y militares en curso hasta el nivel de actuación que se determine.
La UE carece de un cuartel general permanente capaz de la planificación y dirección militar de operaciones, una reivindicación ya antigua por parte de algunos países –una década- que cuenta también con la oposición frontal de otros como Reino Unido. La Unión depende de la OTAN a este nivel para distintas operaciones, lo que le resta autonomía y agilidad.
4. Facilitar el despliegue de los mecanismos y capacidades de Respuesta Rápida, en particular de las agrupaciones tácticas de despliegue rápido "battlegroups".
Traducción: la UE cuenta desde 2007 con unidades de respuesta rápida, los denominados battlegroups, agrupaciones tácticas formadas por 2.400 soldados donde se integran unidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico, y desplegables en una semana en un radio de acción de 6.000 kilómetros. La responsabilidad va rotando entre países, las fuerzas se preparan, se activan… y nunca han actuado en una operación real.
5. Avanzar en el proceso de desarrollo de capacidades y su armonización con las estructuras equivalentes en la OTAN, potenciando la Agencia Europea de Defensa.
Las últimas crisis –Libia, Malí- han evidenciado algunas debilidades en capacidades militares de la UE que habría que reforzar, como drones, reabastecimiento en vuelo, comunicaciones por satélite, ciberdefensa. Para que fuera un instrumento potente de impulso de las capacidades europeas, la Agencia debería contar con unos medios y un presupuesto que hoy no tiene.
6. Desarrollar acuerdos y estructuras que permitan la implementación de una gama más amplia de capacidades, en especial a través de la puesta en marcha de la cooperación estructurada permanente prevista en el Tratado de Lisboa.
El Tratado de Lisboa de 2007 recoge contenidos avanzados en materia de defensa que no han sido desarrollados. Uno de ellos es la cooperación estructurada permanente, es decir, la posibilidad de que algunos Estados miembros refuercen su colaboración militar, no los 28 al unísono.
7. Potenciación de la base tecnológica e industrial de la defensa, favoreciendo el desarrollo de tecnologías de doble uso y apoyando a las pymes del sector de seguridad y defensa.
Apoyo a la industria de defensa y abrir algo el mercado a la competencia.
8. Compromiso de que el desarrollo en las capacidades y en la política industrial europea se armonice con el avance efectivo en la definición y concreción de la Política Común de Seguridad y Defensa.
Aquí un principio defendido en las últimas cumbres europeas por el Gobierno de Rajoy, que la defensa europea avance equilibradamente en sus elementos políticos, militares e industriales. En estos tiempos de fe escasa en la construcción europea algunos socios son partidarios de avanzar en su sector industrial, a poder ser a favor de sus intereses empresariales, y dejar la política común para mejor ocasión.
Existe la voluntad política mayoritaria del Parlamento español para impulsar la política europea de seguridad y defensa
Hasta aquí el contenido de la resolución, una de las 22 aprobadas en el debate de la nación (se rechazaron más de 80) y con apoyos muy mayoritarios. El Congreso tumbó propuestas de resolución de CiU y ERC sobre la consulta soberanista en Cataluña, funcionó en general el rodillo de la mayoría absoluta, con escasas excepciones.
Este tipo de resoluciones son declaraciones políticas, que se aprueban o rechazan cuando las luces del debate y del interés público o mediático ya se han apagado, que tienen además un complicado sistema de negociación, votación y enmiendas por párrafos y líneas.
En este caso se puede resumir claramente: existe la voluntad política mayoritaria del Parlamento español para impulsar la política europea de seguridad y defensa, y acaba de mandar un mensaje claro al Gobierno para que actúe así en los órganos de decisión de la UE donde se sienta.
Los grupos parlamentarios popular, socialista, junto con el catalán, vasco y parte del mixto en el Congreso han llegado a un consenso en una  de las llamadas políticas de Estado. En esta ocasión el hombre ha mordido al perro, no al revés como es habitual, y por tanto debe ser noticia.

Morenés tarda tres meses en informar del Consejo Europeo de diciembre sobre Defensa

Precisamente sobre estos mismos temas el ministro de Defensa ha comparecido este miércoles en el Congreso para informar sobre la evolución de la Política Común de Seguridad y Defensa en el año 2013 y de los resultados del Consejo Europeo del pasado 19 de diciembre de 2013 que trató estos asuntos. Los diputados han tenido que esperar 90 días a que el Gobierno les informe.
Como se ha visto con la resolución, si bien existe un amplio consenso parlamentario sobre el tema, la traducción práctica en medidas ejecutivas de Gobierno –sea nacional o comunitario- parece más complicada.
La sesión de este miércoles 12 de la Comisión de Defensa del Congreso se abrió con la protesta de todos los grupos parlamentarios, excepto del popular, por la demora de Morenés en acudir al Parlamento a informar y debatir sobre tres asuntos reclamados por la oposición: el tratamiento por parte del Ministerio de Defensa hacia traductores e intérpretes que han servido al contingente español en Afganistán; la transformación de las FAS, tras las diversas declaraciones del jefe operativo de las Fuerzas Armadas sobre reducción o no de tropas; y el incremento en un 50% -hasta 850- de los marines de EE.UU. desplegados en la base de Morón, además de la prórroga durante un año más de su permanencia, según autorizó el consejo de ministros del pasado día 7 de marzo.
Los tres asuntos citados quedaron para mejor ocasión, y el ministro informó sobre el consejo europeo de diciembre, que considera “un buen punto de partida” de una política europea de seguridad y defensa, al responder a una planificación seria y creíble, con objetivos claros y evaluables.
El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión, Diego López Garrido, contrastó en su intervención la resolución consensuada y la cumbre europea, calificando la primera como muy positiva mientras que el consejo europeo ofreció en su opinión un “resultado decepcionante”, con unas conclusiones excesivamente generalitas y sin señales claras de avance de cara al ciudadano.
La cumbre de jefes de Estado, que trató parcialmente sobre defensa por primera vez en un lustro, giró en torno a tres ejes: incrementar la efectividad de esta política, la mejora del desarrollo de capacidades militares y el fortalecimiento del sector industrial europeo de la defensa.
“La única línea roja de España, defender el avance simultaneo de los tres ejes, lo hemos conseguido”, señaló el ministro, su avance “sincrónico y equilibrado”.
Sobre resultados concretos mencionados por Morenés en la Comisión de Defensa, cabría reseñar la próxima integración de España en el marco europeo de transporte aéreo; el interés y el impulso de nuestro país por una estrategia europea de seguridad marítima, también en la OTAN; el avance de la Unión en ciberdefensa; y la oportunidad que puede suponer para países y empresas con recursos muy limitados la puesta en marcha por la UE de mecanismos financieros y rebajas fiscales para promocionar determinadas líneas tecnológicas asociadas a defensa y seguridad.
Sobre operaciones, el ministro de Defensa avanzó una próxima misión civil de la UE en Malí; los preparativos para la más cercana operación en la República Centroafricana, sobre la que Morenés acudirá la semana próxima al Congreso para solicitar autorización; y mencionó como objeto de atención por parte de la UE el incremento de la inestabilidad en Bosnia.
En el debate de ayer en el Congreso apareció también la crisis de Ucrania, tema caliente en diversos foros en los que ha participado en las últimas semanas el ministro en el ámbito de la OTAN y de la UE. Sobre el particular, Morenés opinó que “en Ucrania debemos ser prudentes pero no podemos dar una sola señal de debilidad” frente a Rusia. Para varios de los diputados presentes, la inexistencia aún de una política europea común de seguridad ha quedado evidenciada con la actuación de la UE durante las últimas semanas en el conflicto Kiev-Moscú.
Dice Morenés que “más vale hacer las cosas por convicción que por necesidad, cuando se tienen que hacer por necesidad se llega siempre tarde”. Y la convicción parece aún insuficiente: “Berlín, Paris y Londres comparten un 60% de sus objetivos estratégicos, no el 100%”, de ahí la debilidad de la UE como actor político internacional, que la Unión pese menos en política exterior que la suma de los 28 individualmente.

Sugerencias

The EU's Common Security and Defence Policy.

martes, 11 de marzo de 2014

Diez años del 11-M: mitos y realidades del terrorismo yihadista

  • La Policía ha detenido a 500 sospechosos de terrorismo islamista desde 2004 y la Justicia ha condenado a la sexta parte
  • Los lobos solitarios centran la atención policial y de servicios secretos, aunque su peligrosidad es mucho menor que la de organizaciones terroristas
  • El crimen organizado e incluso ETA superan al yihadismo en operaciones policiales y condenas

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Reloj de una de las víctimas detenido a la hora
de la explosión (Fuente: escolar.net).
El 12 de marzo de 2004, un día después de los atentados del 11-M y dos días antes de las elecciones generales, cientos de miles de personas salieron en Madrid en manifestación convocada por el Gobierno tras el lema “Con las víctimas, con la Constitución y para la derrota del terrorismo”. “¿Quién ha sido?”, se preguntaron muchos de los asistentes.
En la jornada de reflexión, el candidato entonces y hoy presidente Mariano Rajoy aparecía entrevistado en prensa nacional con el titular: “Tengo la convicción moral de que fue ETA”. La investigación policial y los jueces han dejado finalmente clara la responsabilidad del terrorismo yihadista. La última investigación civil pone distancias entre la supuesta relación del atentado con la cercanía electoral o la participación española en la invasión de Irak.
Ha pasado una década, perspectiva suficiente para recordar una tragedia que reveló también aspectos positivos de la sociedad española: la eficacia policial en la localización de los responsables, la ausencia de reacciones racistas, la mejora posterior de la coordinación entre organismos policiales y la cooperación internacional, la eficacia judicial, la celebración de una comisión de investigación en el Congreso, la protección  material de las víctimas.
En contraste, la respuesta de otros países ante atentados terroristas similares ha sido la ocultación pública de los hechos, la respuesta militar al fenómeno terrorista, el recorte de derechos y libertades, la creación de burbujas al margen de la ley (Guantánamo, ejecuciones extrajudiciales), la inoperancia judicial para juzgar los sucesos y brotes de racismo.
En el décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo Estrella Digital se ha querido preguntar cuál es la situación real hoy de la amenaza terrorista. La respuesta se acerca a que el crimen organizado supera como amenaza a cualquier otro, y que en número de detenciones y condenas un terrorismo etarra en descomposición duplica al yihadista. La amenaza la protagonizan hoy los llamados lobos solitarios, menos peligrosos que el terrorismo encuadrado en organizaciones. Por tanto, se combinan la amenaza a la baja y la alerta alta, a veces puro alarmismo.
Atentado
El 11 de marzo de 2004, entre las 7:37 y las 7:40 de la mañana, una cadena de atentados paraliza Madrid: diez mochilas-bomba hacen explosión en cuatro trenes de cercanías en la estación de Atocha, en sus inmediaciones de la calle Téllez, en las estaciones de El Pozo y Santa Eugenia, provocando 191 víctimas mortales. En las siguientes tres semanas la Policía realiza numerosas detenciones y va cercando a los autores.
Asistencias el 11-M (Foto: EFE).
El 3 de abril un grupo de siete terroristas perseguido por los GEO, todos ellos sospechosos de la autoría del atentado de Madrid, se acaba atrincherando en un piso de Leganés y hacen explotar el inmueble acabando con su vida y la de un policía, la víctima mortal 192. Si los terroristas no se suicidaron el 11 de marzo fue porque pensaban seguir atentando. El resultado fue una especie de suicidio aplazado.
Entre mayo de 2004 y junio de 2005 se celebró en el Congreso una comisión de investigación sobre los atentados, con las comparecencias de Aznar y Zapatero entre muchos otros, cuyo dictamen final es muy crítico con el Gobierno del PP y elabora también una serie de recomendaciones para mejorar la lucha antiterrorista.
Por su parte, la Audiencia Nacional juzgó los atentados y a la treintena de sospechosos entre febrero y julio de 2007 y dictó sentencia, recurrida por muchos de los afectados que llevó el asunto al Supremo, con una nueva sentencia en julio de 2008:  los principales condenados, a 42.922 años, fueron Jamal Zougam y Otman el Gnaoui. El asturiano José Emilio Suárez Trashorras fue considerado cooperador necesario al facilitar los explosivos a los terroristas y el Supremo confirmó su condena a 34.715 años.
Víctimas
A diferencia de los atentados en Nueva York 2001 o Londres 2005, en Madrid tenemos víctimas de carne y hueso, contamos con imágenes y recuerdos de personas, rostros.
Monumento a las víctimas en la estación
de Atocha (Fuente: Fotomadrid.com). 
La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, con los datos recabados a lo largo de estos diez últimos años, ha realizado un perfil de las personas que fueron asesinadas y de las que resultaron heridas en los atentados del 11-M en Madrid. La mayoría de ellas era de clase media-trabajadora que se dirigía a sus lugares de trabajo, otras se encontraban en situación de desempleo y estudiantes. De los 2.084 heridos y de los 192 fallecidos, el 34% eran inmigrantes, pertenecientes a 34 nacionalidades distintas.
Del total de personas heridas, siete presentan en la actualidad gran invalidez (requieren de asistencia de una persona para su movilidad); 21 están consideradas como incapacitadas permanentes absolutos; 61 son incapacitadas permanentes totales; 28 padecen incapacidad permanente parcial, y el resto sufrieron lesiones no invalidantes (presentaron semanas de baja o resultaron con secuelas de distinta consideración).
Yihadismo
En 2004 se puede interpretar que afloran varias tendencias iniciadas años antes.
Por una parte, en los 80 se va acentuando la utilización política de la religión, relacionado con la frustración de millones de musulmanes, anclados en el subdesarrollo, con regímenes autoritarios e ineficaces bajo un nacionalismo aparentemente laico. En este contexto se produce la radicalización de grupos de inspiración islamista, la resistencia radical a la invasión soviética de Afganistán, la fundación de Al Qaeda a finales de la década, la guerra civil argelina. En paralelo, desde Occidente (léase EE.UU.) se decide convertir al Islam tras la caída del muro de Berlín en 1989 en el enemigo de sustitución a la URSS.
Estos procesos confluyen el 11 de septiembre de 2001 con los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, cerca de 3.000 víctimas mortales, que aprovecha Bush Jr. para desencadenar la guerra mundial contra el terrorismo utilizando principalmente medios militares. Había una amenaza y se aprovechó la ocasión.
Antecedentes al 11-M
La comisión de investigación del Congreso consideró “que España no contaba con medios suficientes para enfrentarse a una amenaza tan cierta y grave. Los recursos humanos y materiales expresamente empleados para la lucha antiterrorista islamista, no crecieron proporcionadamente al aumento del riesgo”.
La Comisión consideró que “la respuesta del Estado español a la amenaza del terrorismo islamista fue insuficiente antes del 11 de marzo de 2004, caracterizándose por una clara infravaloración de los riesgos anunciados desde diversas fuentes policiales e internacionales. El Gobierno no adoptó antes del 11 M la política de impulso a la lucha contra el terrorismo islamista que exigía ese nivel de riesgo”.
Siguiendo al analista Javier Jordán, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional, a lo largo de la década de los 80 se sucedieron en España, de manera aislada, diversas operaciones policiales, complots y atentados por parte de grupos extremistas de origen árabe, que incluyeron el ataque contra un restaurante próximo a la entonces base norteamericana de Torrejón en 1985 y la desarticulación en 1989 de una célula de Hizbollah en Valencia que pretendía atentar en Europa.
“Lo primero que se aprecia al examinar este período es la vinculación de todos los individuos y grupos desarticulados con organizaciones superiores, concretamente con el GIA argelino, con su sucesor el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate, con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y con Al Qaeda Central”, señala Jordán. Hasta mediados de la década de 2000 la militancia yihadista en España se articulaba exclusivamente en torno a grandes organizaciones.
Imagen: Diario Montañés.
Parlamentarios, analistas y fuerzas de seguridad otorgan una importancia relevante a los atentados en Casablanca del 16 de mayo de 2003, cinco ataques suicidas simultáneos en los que murieron 45 personas, la mitad de ellas en el restaurante de la Casa de España. Cuatro muertos eran españoles, tres franceses, uno italiano y el resto marroquíes. Los responsables de Casablanca y Madrid compartían vinculación con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí.
Detenciones y condenados
Las fuerzas de seguridad han detenido entre 2004 y 2012 a 504 personas sospechosas de terrorismo yihadista, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, de los que han sido finalmente condenados alrededor de 80. La propia Fiscalía se siente obligada a justificar en la Memoria de 2013 “la elevada cifra de absoluciones, claramente indicativa de las enormes dificultades legales que se plantean en estos procesos, en relación con la probanza de unos delitos singularmente enmarcados en el ámbito de la respuesta penal preventiva frente a las células terroristas. En muchos casos –añade- las condenas se imponen no por delitos de terrorismo, sino por delitos comunes”.
Los números cuentan que en todo el año 2013 se detuvo a una veintena de personas (nueve en 2012), que contrasta con unas 60 en 2006 y 138 en 2004.
Las cifras de detenidos y condenados por pertenencia a ETA, incluso en el estado de descomposición y abandono de la actividad armada de los últimos años, superan ampliamente las correspondientes al terrorismo yihadista.
Amenaza hoy
En opinión de Javier Jordán, “las células independientes y los lobos solitarios se están convirtiendo en un fenómeno permanente, y en los últimos años predominante, en el mapa del yihadismo en España, y es probable que algún día uno de ellos logre consumar una acción terrorista, pero a pesar del peligro real que representan, los proyectos terroristas más serios y potencialmente más letales han sido obra en exclusiva de células vinculadas a una gran organización yihadista”.
Jordán ha publicado recientemente una investigación en el Real Instituto Elcano según la cual “las grandes organizaciones son las únicas que, potencialmente, pueden convertir el terrorismo yihadista en una amenaza estratégica para España”.
Este investigador ha analizado las operaciones policiales realizadas en España contra la amenaza yihadista, 48 desde 2004 frente a las 16 llevadas a cabo entre el año 1995 y los atentados del 11-M (incluyendo en esas 16 la desarticulación de la red del 11-M en marzo-abril de 2004). Las grandes organizaciones han seguido estando presentes de manera mayoritaria, pero “en los últimos cinco años los actores no vinculados han tenido un carácter predominante. Todavía es pronto para considerar esto último como una tendencia firme, pero en caso de que así fuera, ello supondría una reducción significativa de la amenaza ya que su capacidad terrorista suele ser sustancialmente menor a la de las células vinculadas a grandes organizaciones”.
Utilización política del terrorismo
El terrorismo está muy presente en el debate político español al menos desde finales de los 80, como instrumento utilizado para desgastar al Gobierno.
Las dudas sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 se mantuvieron con respiración asistida durante los ocho años de los Gobiernos de Zapatero y han ido desapareciendo con la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de noviembre de 2011.
Un ejemplo. El actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que también fue director de Gabinete del director general de la Guardia Civil en los Gobiernos de Aznar, siendo portavoz popular de Interior en el Senado pedía en marzo de 2005 el cese de Gregorio Peces Barba (uno de los padres de la misma Constitución que aparece en la línea siete de este artículo) como Alto Comisionado para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, acusándole de "amparar a los verdugos terroristas". Además, decía que “Zapatero nombró a Peces Barba con la misión de dividir a las víctimas, de silenciarlas y de neutralizarlas”. Añadía que “como no nos van a hacer caso, y no lo van a cesar, lo que le pido es que por lo menos tenga la decencia moral de cambiar su título y denominarle Alto Comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas”, soltó entre aplausos de los senadores del PP.
Cosidó como senador en la oposición hablaba del “déficit de legitimidad de su triunfo electoral del pasado 14 de marzo. Ése es el fantasma que recorre todas las noches La Moncloa”.
En abril de 2006 el Grupo Parlamentario Popular presentó 215 preguntas por escrito cuestionando la versión oficial del 11-M dirigidas al entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
También las hemerotecas guardan prueba gráfica de la media docena de manifestaciones convocadas por el PP contra la política antiterrorista del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en su primera legislatura 2004-2008.
Falsa Yihad
Con ese título se acaba de publicar un libro de la periodista Beatriz Mesa con el atractivo argumento de que el yihadismo que amenazó Malí hace un par de años y provocó la intervención militar francesa luego apoyada por España y la UE, en realidad es un disfraz de conveniencia de mafias criminales que se dedican al tráfico de droga, personas o armas en el Sahel.
Los autores del 11-M sí eran terroristas yihadistas, aunque había también delincuentes comunes, pero los excesos de la lucha internacional contra el terrorismo, las variantes de una franquicia global con grandes diferencias locales, los ejes del mal y el espionaje masivo, debe hacernos dudar del adjetivo. El yihad (en árabe el término es masculino) puede ocultar muchas cosas, entre otras el miedo/la seguridad como argumento político para justificar cualquier exceso.
Nunca está de más recordar que el objetivo de cualquier terrorismo es siempre político, la obsesión de los grupos yihadistas son Gobiernos de países mayoritariamente islámicos y en esos territorios se han producido la mayor parte de las víctimas.
Desde el 11 de marzo de 2004, más concretamente desde el 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, han proliferado los expertos en terrorismo yihadista, que como en cualquier otro ámbito de la ciencia o del ejercicio profesional, tienden a crear su necesidad y exagerar la amenaza. Muchos de ellos hacen constantes viajes al Corán, memorizan azoras y se pierden en la compleja prosa poética del árabe del siglo VII, donde creen encontrar pistas de lo que ocurre hoy.
Algo parecido a lo vivido durante gran parte de la última década con el 11-M sucede hoy con el fin de la actividad armada de ETA, certificado por la propia banda el 20 de octubre de 2011, la resistencia de muchos a soltar el tema, por inercia, por interés político, por interés laboral.
Hace diez años España como país respondió a los peores atentados imaginables competentemente –policía y justicia-, y como sociedad muy decentemente. La amenaza hoy es baja en términos históricos, la alerta continúa y nunca policías y servicios de inteligencia han contado con mejores medios para vigilarla, coordinarse entre ellos y cooperar internacionalmente.
Alerta sin alarmismos, cabría sugerir.

Sugerencias


miércoles, 5 de marzo de 2014

Defensa apuesta por los drones, una prioridad sin presupuesto

La falta de regulación del espacio aéreo y de inversión pública lastran el salto de los aviones sin piloto al campo civil

Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.

El sector industrial, de seguridad e institucional afectado por los vehículos no tripulados se reúne esta semana en Madrid en el III Congreso UNVEX’14, marco elegido por el Ministerio de Defensa para presentar las primeras líneas de su estrategia en relación con los drones: a falta de presupuesto, Defensa apuesta por mejorar y expandir las capacidades propias en materia de certificación, ensayos y formación. La industria se ha lanzado a desarrollar productos tanto para el campo militar como el civil, y pide al sector público la regulación normativa del espacio aéreo.
El Ministerio de Defensa se encuentra elaborando un plan director de sistemas aéreos sin piloto, que espera presentar a mitad de año y pretende establecer las directrices al menos desde este departamento –hay otros afectados- para la industria y los usuarios.
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, inauguraba este martes UNVEX y destacaba que los sistemas no tripulados, “sin duda, son el futuro”, recordando “la evolución muy notable del sector en los últimos años” y “cómo se van segregando tecnologías y aplicaciones muy concretas orientadas al uso civil y al mundo militar”.
Futuro y también presente: “la utilización de sistemas no tripulados en las misiones internacionales ha sido determinante”, señala Argüelles, “la capacidad de tener ojos avanzados da una seguridad en las operaciones increíble”. El secretario de Estado se refiere principalmente a Afganistán, donde las Fuerzas Armadas han estrenado esta capacidad tecnológica que hoy se considera ya irrenunciable. “Hoy no podríamos contemplar una operación como Afganistán si no fuera con la utilización de los UAV”.
Hasta aquí el interés. Sobre los próximos avances, el Ministerio de Defensa apunta a un plan director que está elaborando la Dirección General de Armamento y, sobre todo, al INTA, organismo público de investigación especializado en la investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial, que lleva dos décadas experimentando con prototipos pero al que se confía una función importante en cuanto a certificación de aparatos e instalaciones de ensayo para industria y Gobiernos de toda Europa.
“Ahora el INTA está destinado a convertirse en el gran actor del proceso de certificación, prueba y uso de todos los sistemas que vayan saliendo al mercado”, señala Argüelles, quien opina que “pocos países podrán ofrecer instalaciones como las que el INTA va a poner en marcha”, en referencia al desarrollo de infraestructuras específicas para la experimentación de vehículos no tripulados en El Arenosillo (Huelva) y en el aeródromo de Rozas (Lugo). “Pocos países podrán ofrecer una capacidad de regulación y de investigación como las de España”, afirma optimista el secretario de Estado.
Sobre el plan director, Defensa busca recursos en otros ministerios y vías de financiación externas. A corto plazo el plan contempla el desarrollo normativo, la colaboración público-privada, el impulso a la formación de operadores y la explotación de instalaciones.
Hasta aquí el interés, las áreas de avance y quedan las limitaciones, relacionadas con el encefalograma plano que presentan las inversiones de Defensa durante los últimos ejercicios, sin perspectivas de reanimación a corto plazo para nuevos proyectos, no contando el pago religioso de los compromisos pasados con los grandes programas de armamento. Lo más afectado en este campo es la adquisición, mediante desarrollo probable con otros socios de la UE, de un UAV estratégico, de tamaño considerable y, en algunos casos y ejércitos, armado.
Argüelles: “España ha tenido una experiencia muy positiva en el uso de UAV tácticos en Afganistán, tenemos ahora la necesidad de alcanzar el nivel estratégico, es lo que falta en el Ejército del Aire español y es donde tenemos puesto nuestro punto de mira; naturalmente eso es ya una inversión de mayor envergadura pero está en el orden de prioridades del Ministerio de Defensa en los lugares mas altos”.
Más claro: “Evidentemente en el presupuesto del Ministerio de Defensa actual no cabe la adquisición de una capacidad de este tamaño, eso no impide que sigamos planeando y desarrollando nuestro conocimiento del sector y del uso de estos sistemas. Es una prioridad y tan pronto como el Gobierno reinicie un nuevo ciclo de inversión el UAV estratégico estará en primera línea de salida”.
El secretario de Estado reconoció ante la prensa que el Ministerio mantiene algún tipo de compromiso –sin mencionar fechas o aportación- con el sistema de vigilancia de la tierra AGS, un ambicioso proyecto de la OTAN que prevé en el horizonte de 2017 contar con cinco aparatos Global Hawk, al que ya se han sumado 14 países y donde España podría ser socio secundario comprando horas de vuelo. Ésta podría ser una solución intermedia hasta la participación española en un proyecto europeo que requerirá una aportación financiera elevada.
En UNVEX 2014, Estrella Digital ha escuchado intervenciones, ha visitado stands de empresas y ha descubierto, entre otras cosas, lo siguiente.
Nombre y tamaños. La terminología más utilizada hasta el momento ha sido la de UAV (Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado) o drone (abejorro en inglés), que hacen referencia al aparato. La tendencia ahora es hablar de UAS (Unmanned Aerial System) y RPAS, sistemas aéreos pilotados en remoto, sistemas porque la plataforma que vuela puede no ser ni lo más costoso ni más complejo tecnológicamente que los equipos en tierra que gestionan la información. Sobre los tamaños, se comparte con la OTAN la clasificación de los UAV en tres tipos, según su máxima altitud, peso y autonomía: los más pequeños, de uso táctico en operaciones, los de menor tamaño se lanzan por impulso manual, pueden llegar hasta 150 kilos de peso y realizan misiones de hasta 50 kilómetros (Clase 1); los de tamaño medio, con capacidad de aterrizar, hasta 600 kilos y alcance de 200 kilómetros (Clase 2); y aviones ya considerables (Clase 3), por ejemplo con los que EE.UU. realiza ejecuciones extrajudiciales en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, al menos.
Tecnología dual. Todo lo que vuela sin piloto, o se maneja a distancia, puede tener usos militares y civiles. La tendencia al uso en defensa de tecnologías de origen civil, a usos civiles de desarrollos militares, a la integración de componentes con los dos orígenes para multitud de usos, es imparable. Los destinos civiles de los drones son tan amplios como la imaginación: incendios forestales, vigilancia de infraestructuras, cosechas, tráfico, control de fronteras, localización de bancos de atún...
Urgencias operativas. La necesidad a menudo es lo único que consigue saltarse las penurias financieras. El desarrollo de la operación de la OTAN en Afganistán, en la que España ha participado durante más de una década, creó la necesidad y se respondió con la compra a partir de 2008 de dos sistemas de UAV de pequeño tamaño (Raven y Searcher). La utilización de estos sistemas en Afganistán y ahora en Malí ha supuesto una experiencia operativa acumulada de gran valor para las Fuerzas Armadas. Los contingentes españoles en Afganistán gestionaron también otros UAV de propiedad norteamericana.
INTA. Junto con su papel como certificador y la explotación de sus instalaciones para ensayos por terceros, el Instituto está viviendo un proceso de reconversión que pasa por un incremento de su presupuesto (del 20% en el último año) y de concentración bajo su tutela de toda la infraestructura tecnológica de Defensa, con la integración del Instituto Tecnológico de la Marañosa y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, ambos en la Comunidad de Madrid.
Espacio aéreo. Hasta ahora los UAV sólo pueden volar en espacio aéreo segregado, con restricción de uso militar. No por casualidad el gran desarrollo de los UAV se ha producido aprovechando la existencia de espacios aéreos de nadie, sin normativa aplicable, muy especialmente en Afganistán. Ese aire de nadie que ha favorecido el desarrollo de los drones puede ser desde el punto de vista militar uno de sus principales obstáculos aún no resuelto: los drones no entienden de resoluciones de Naciones Unidas, derecho internacional humanitario, soberanía nacional ni está clara la responsabilidad penal de las operaciones realizadas con ellos.
La regulación normativa del espacio aéreo es una reivindicación generalizada de la industria, requisito imprescindible para que los UAV puedan volar en usos civiles.
Formación. El Ejército del Aire ha establecido la escuela para adiestrar a los pilotos y operadores de sistemas no tripulados en la Base Aérea de Matacán (Salamanca), que ofrece desde 2012 la titulación aeronáutica de operador de UAV.
Alfa Bravo. La comercializadora en España del Raven, de la norteamericana Aerovironment, el UAV más asequible, utilizado y numeroso a disposición de las Fuerzas Armadas, se publicita con la frase “Más de 20.000 horas de vuelo en zona de operaciones protegiendo a las Fuerzas Armadas españolas”, en referencia al uso de este aparato por el contingente español en Afganistán. La empresa informa de que las Fuerzas Armadas españolas cuentan ya con 60 de estos aparatos, principalmente el Ejército de Tierra y desde hace un par de meses el Ejército del Aire (unidad paracaidista).
Indra. La empresa tecnológica española cuenta con prototipos avanzados de aparatos no tripulados de ala rotatoria, helicópteros, aunque presenta también otros productos de ala fija. En su stand brillaba con luz propia el modelo Pelícano, cuatro metros de largo y 200 kilos de peso, desarrollado con apoyo financiero del Ministerio de Industria, ofrecido a la Armada como vehículo embarcable de despegue y aterrizaje vertical. En UNVEX se presenta también como novedad el modelo Cóndor, algo más pequeño y muy versátil para usos civiles.
Thales. La multinacional francesa (accionista de la española Amper) cuenta con la experiencia operativa de un UAV táctico de gran tamaño en servicio en Afganistán para Francia y Reino Unido (programa Watchkeeper). Como gran empresa tiene un amplio catálogo de aparatos para usos civiles y militares. Una de las estrellas de la feria es un sistema multipantalla, desarrollo franco-español, para el seguimiento y control de hasta tres UAV simultáneamente que identifica y responde a los movimientos oculares del operador.
Airbus. La multinacional europea, EADS hasta comienzos de año, presenta el modelo Atlante, desarrollado con apoyo financiero del CDTI con especificaciones del Ejército de Tierra, con la peculiaridad de que su fabricante quiere conseguir certificaciones y permisos para utilizar aeropuertos civiles. Pesa más de 500 kilos y su radio de acción supera los 200 kilómetros. El Atlante ha volado en la Escuela de Matacán, donde también se dispone de un simulador para el adiestramiento de opera
dores de UAV desarrollado por Airbus.
UNVEX 2014 es la tercera edición del Congreso de Vehículos No Tripulados, se desarrolla entre martes y jueves en el Hotel Auditorium de Madrid y se cierra en Segovia el viernes con una demostración en el aeródromo de Marugán de estos UAV que nunca es fácil verlos volar. La novedad en próximas ediciones podría ser el desarrollo avanzado de vehículos no tripulados terrestres y marítimos, todavía a distancia de los parientes aéreos, aunque llegado ese caso habrá que eliminar la letra a de todas las siglas.

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