miércoles, 27 de agosto de 2014

Arizónica

Sociología municipal

Majadahonda, rotonda.
Al oeste del río Manzanares, más allá de los orines humanos y animales del Hipódromo que bajan y bañan la ciudad (Umbral), de las pantallas y antenas de los espías, se extiende un territorio más verde de lo habitual, verdura pública municipal de uso mayormente privado o privatizado.
Territorio Gurtel, donde han sustituido los alcaldes a ritmo casi balear, sin que los resultados electorales se vean afectados por la corrupción pasada y veremos si presente.
En este territorio de frontera entre la Mancha y la Sierra, con la Torre de los Lodones en el límite entre el bosque mediterráneo y el granito, vive medio millón de madrileños que circula a lomos de vehículos de gran cilindrada, o de mediana con traje de 4x4, la mayor parte coche de empresa o pagados sin IVA, que van dando saltos por los pasos de cebra elevados que comenzó a instalar un visionario, visionario en la dedicación a la política con sobresueldo, en su caso de establecimiento de fotocopias.
Rotondas de estilo remordimiento, negocietes y vacaciones unen este territorio madrileño con la Costa del Sol, tipografías de los 80, rotondas gigantes que encierran estatuas aisladas e ignoradas, paisaje que refleja el estilo de los pioneros que salieron de la ciudad en busca de la naturaleza de uso privado. El boom inmobiliario ya de este siglo expulsó de la ciudad a la mitad de los hoy residentes que no han conseguido marcar estilo propio y distinto al de sus mayores, de carros de madera ya raída y relucientes iglesias.
Fuengirola, monumento homenaje al 600.
En el origen se encuentra la nada, provocada por la guerra civil que machacó la zona porque si se quiere invadir Madrid es necesario arrasar la zona oeste circundante, y a ella se aplicó con saña aquella Legión Cóndor de Hitler antes de adquirir fama arrasando Gernika e inspirando como efecto secundario el arte moderno.
El resultado, un ejemplo, fue que Majadahonda quedó despoblada, sin vecinos, ni uno. Circunstancia sólo conocida en la invasión francesa de principios del XIX. En caso de guerra, huir de la zona.
Luego llegó la reconstrucción, Regiones Devastadas y casas humildes junto con ayuntamientos cubiertos de pizarra fascista que echa de menos la nieve, que cae poca para tanta pizarra. Dictadura y miseria siempre han convivido, y la primera intentó dignificar la segunda con arquitectura neoescorial y tejados de pizarra.
Algo une esta zona oeste de Madrid con la Costa del Sol malagueña, con una Marbella ampliada desde Torremolinos a Estepona, el espíritu del negociete perpetuo que solo la mala suerte -delación de un cabreado- convierten en delito, la tolerancia con las corruptelas.
Y la respuesta puede estar en el subsuelo. No sería extraño descubrir que la experiencia adquirida con los sistemas subterráneos de recogida de basuras, la basura circula alegremente bajo nuestros pies, hubiera sido aprovechada para construir grandes túneles de comunicación, utilizando tremendas rotondas como tapaderas, respiraderos y entradas.
Rotonda en el bulevar de las Ideas
de Benalmádena (Arroyo de la Miel).
Tráficos de distinta naturaleza circulan entre Madrid oeste y la Costa del Sol bajo la indiferencia de los vecinos de Tembleque y Turleque, Membrilla, Llanos del Caudillo, Guarromán (río de los granados, probable etimología), Mengíbar, Deifontes, Jabalquinto, Iznalloz, Moraleda de Zafayona, Fuente Vaqueros, Zafarraya, Villanueva del Trabuco, comparten recorrido con el río Guadalmedina antes de llegar a Málaga, del Guadalmedina al Guadarrama, río éste más septentrional del país con el guad-wadi en el nombre.
La zona noroeste de Madrid es más que Gürtel, como la Costa del Sol es más que los cuñados Hohenlohe, la caridad disfrazada de gala veraniega a 1.000 euros el cubierto, los príncipes saudíes y los populares.
Detrás de la espuma encontramos un esfuerzo inversor en infraestructuras públicas que choca con la ideología privada de sus más insignes usuarios.
Encontramos música (verdiales, Danza Invisible, Efecto Mariposa), clases medias marroquíes de vacaciones -también residentes-, pueblos andaluces como Benalmádena, chicharras, la humedad que alimenta una vegetación rabiosa, sardinas asadas en la playa.
Se dice que las grandes revoluciones en España han llegado por vía municipal, la Guerra de la Independencia (revolución en origen), la República en 1931, la democracia en 1979.
En estas zonas residenciales de Málaga y Madrid ya se compra en Día, Lidl y Mercadona, sin complejos.
La única pega es que una buena revolución debe ir acompañada de prensa en papel, prácticamente desaparecida en Madrid oeste para información local y siempre ha sido difícil encontrar El País en la Costa del Sol. Veamos qué tal acompaña la prensa digital.

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martes, 19 de agosto de 2014

Gaza 2014: guerra civil y adiós a Oslo

Los prejuicios hay que contrastarlos con la realidad. Y si el resultado los confirma es que uno no andaba demasiado equivocado.
En este caso el juicio previo, a partir de la experiencia de la última gran ofensiva armada sobre Líbano en 2006 y sobre Gaza en 2009, era que el límite asumible de árabes muertos en un conflicto relacionado con Israel rondaba la cifra de 1.500.
Líbano 2006: entre el 1 de julio y el 14 de agosto. Motivo aparente: captura de dos soldados israelíes y borrar del mapa a Hezbolá. Nombre: Operación Recompensa Justa. Balance de víctimas: 1.187 libaneses muertos, 4.060 heridos, 256.000 desplazados y 15.000 viviendas destruidas. Por parte de Israel, 116 soldados muertos y 450 heridos. Entre los civiles, 41 muertos y 604 heridos. Resultado: intensa actividad diplomática –y española-, resolución 1.701 de la ONU que refuerza su presencia en el sur del país y pasa de ser testigo desde 1978 a eficaz barrera que ha puesto fin a un ciclo de violencia con el vecino  norte de cuatro décadas.
Gaza 2009: entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009. Motivo aparente: destruir la infraestructura terrorista y borrar del mapa a Hamás. Balance de víctimas: 1.434 palestinos y 14 israelíes muertos. Nombre: Operación Plomo Fundido. Resultado: ninguno.
Gaza 2014: desde el 1 de julio. Motivo aparente: borrar del mapa a Hamás. Nombre: Operación Margen Protector. Balance: 2.016 palestinos muertos, incluidos 541 niños y 250 mujeres; 237.659 desplazados; 65 israelíes muertos (de ellos, 64 militares); daños por 4.400 millones de euros; 12.000 viviendas destruidas, en las que vivían más de 100.000 personas; 230 escuelas, 51 hospitales y centros de salud alcanzados, junto con la destrucción de otras infraestructuras básicas como la única central eléctrica de Gaza.
La conclusión sólo puede ser que la comunidad internacional se ha vuelto más permisible, los Estados más inoperantes, entre un 20% y un 25% más pasivos que hace una década.
La crisis financiera-económica-política-social-institucional ha tenido como efecto secundario una falta de compromiso de los Estados con las organizaciones internacionales a las que pertenecen, una introspección nacional y como mucho la búsqueda de alianzas bilaterales, como la de España con Francia en el Sahel, o la de Reino Unido y Francia en materia de armamento.
Las Organizaciones Internacionales y la Unión Europea son el resultado de lo que acuerdan sus miembros, su inoperancia es la suma de la de los gobiernos nacionales.
Los críticos hacia Naciones Unidas (muchos suelen defender el trabajo de otras organizaciones bastante más modestas, incluso caritativas) deben saber que antes del último conflicto la mitad de los 1,7 millones de gazatíes dependían de la ayuda que les prestan las agencias de Naciones Unidas en asuntos tan básicos como la educación, la sanidad, también el agua.
Los críticos pueden mirar también a Líbano, donde 10.000 cascos azules han impedido que se repita la tragedia en ese territorio durante los últimos ocho años.
Volvemos a vivir una crisis humanitaria en Oriente Próximo, una más, y como nada se repite exactamente pues tiene componentes de siempre y factores muy actuales.
Entre la continuidad figura la ocupación colonial de Palestina por Israel, y cualquier acercamiento con el derecho internacional en la mano nos dice que la responsabilidad es siempre de la potencia ocupante.
Entre las novedades se encuentra el acuerdo entre las distintas sensibilidades políticas del movimiento palestino, alcanzado por la OLP y Hamás en fechas previas al conflicto. Y un golpe de Estado en Egipto avalado por EE.UU. y con la indiferencia -si no aplauso- del resto de los países occidentales y del área.
Y la gran novedad es que la base sobre la que se construyeron los acuerdos de Oslo de 1993, la solución de dos Estados (el palestino sobre el 20% del suelo que formaba el mandato británico) es física y políticamente inviable.
La realidad hace imposible la solución de los dos Estados, Israel y Palestina nunca serán entidades políticas independientes, soberanas y vecinas. Medio millón de colonos, limpiezas éticas y étnicas, un millón de palestinos de nacionalidad israelí, un muro de 450 kilómetros, extremistas de pelo largo y pelo corto impiden la hipótesis de los dos Estados.
El tangerino Shlomo Ben Amí, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores y ex embajador de Israel en España, mostraba recientemente por escrito su desesperación y de pasada decía que la situación actual bien podría definirse como una guerra civil permanente.
Población de un mismo territorio enfrentada entre sí, eso es una guerra civil. Palestinos e israelíes llevan siete décadas viviendo y luchando por el mismo suelo, guerra civil.
Sudafricanos de origen angloholandés y negros luchando por el mismo territorio, y la solución por imposible nunca fue –se intentó, bantustantes- la separación física.
Se intentó también en la India a un coste humano disparatado, se quiso crear una India hindú y un Pakistán musulmán. Hoy la India, con 150 millones de musulmanes, es el tercer país de religión islámica del planeta.
En cada conflicto surgen visionarios de la separación física sobre el mapa de la realidad social mezclada. Los territorios étnicamente puros sólo existen como objetivo en las salas de operaciones de los Estados Mayores, y el intento de aplicarlo a la realidad suele utilizar un método llamado limpieza étnica.
¿Cuál es la lección de la última catástrofe en Gaza? Que el futuro de Israel-Palestina -habría que encontrar un tercer nombre mutuamente aceptado- es un solo Estado democrático.
La historia enseña que lo conseguido con la violencia es muy difícil reconquistarlo pacíficamente, lo que asegura décadas de prosperidad a quienes aparentemente ceden su poder.
¿Ruptura o reforma? Reforma controlando los resortes del poder, los pisoteados se conforman durante generación y media con la victoria moral. El acuerdo dura tres décadas sin mover una coma. Es una de las lecciones que los dirigentes israelíes y norteamericanos podrían tomar de la Transición española.

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miércoles, 13 de agosto de 2014

Monte de El Pardo, ¿salvado o secuestrado?

El rey Felipe VI vive rodeado de 15.000 hectáreas de bosque cerrado como un búnker. Silencio informativo en torno a una propiedad pública gestionada por el Estado


Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
En el corazón de España, de la Comunidad de Madrid y de Madrid, de cuyo término municipal ocupa la cuarta parte, existe un agujero negro con un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar, tampoco la información: el Monte de El Pardo, 15.000 hectáreas de bosque mediterráneo que rodean el palacio de la Zarzuela y cuya gestión es secreto de Estado, su uso una incógnita. La falta de información impide saber si su propiedad pública y uso particular por el rey son garantía de conservación o lo contrario. El Gobierno admite su falta de control.
Rueda de prensa del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es preguntada sobre la finca La Angorrilla, dentro del Monte de El Pardo, en la que se pudo haber alojado alguna amistad del rey Juan Carlos: “con arreglo a la Ley de Patrimonio Nacional, se definen e identifican los bienes que están afectados al uso y al servicio de la Jefatura del Estado. Es el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional quien tiene legalmente encomendada la conservación, el mantenimiento, la mejora y la administración y seguridad de dichos bienes; existen dos tipos de bienes en Patrimonio Nacional: determinados bienes que son susceptibles de compatibilizar esa función al uso y servicio de la Jefatura del Estado con otro tipo de actividad, que entraña el acceso del público a los mismos. Sobre esos bienes, entre el que no está el que usted me indica, es sobre los que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional puede aportar información, porque la tiene; respecto de los otros y su uso, no”. 
Julio de 2014: ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad ni grupos de protección de la fauna con proyectos cercanos ni Patrimonio Nacional –propietario legal del Monte-, nadie informa, los primeros porque no cuentan con acceso ni información, todos remiten a Patrimonio, que aplaza la demanda del periodista para dentro de dos meses. La única excepción al silencio, Ecologistas en Acción. 

¿Patrimonio nacional?

Una ley de junio de 1982 es la base normativa, firmada por el propio Juan Carlos como rey y Calvo Sotelo como presidente, que en sus primeros artículos aclara que “tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen”.
Por tanto, los bienes de Patrimonio, y muy especialmente los que rodean su casa, son para el servicio del rey y su familia –el alcance de familia ha cambiado recientemente-, en este caso 15.000 hectáreas, el espacio de 15.000 campos de fútbol, 300 veces la Ciudad del Vaticano, 70 veces el Principado de Mónaco. Cualquier otro uso es secundario.
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (“la institución”, se autodenomina en su página web) se configura como una entidad de derecho público orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno. La titular del Ministerio de Presidencia es Sáenz de Santamaría.
Dice la ley de 1982 que “se entenderán excluidos del perímetro del monte de El Pardo los terrenos que a la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren arrendados o cedidos a cualesquiera entidades”. Cabría pensar incluidos en esta exclusión los terrenos de los clubes deportivos Puerta de Hierro y Somontes, el Hipódromo de la Zarzuela y restaurantes varios que salpican la zona sur del Monte, quizá también fuera una salvedad para blindar urbanizaciones como La Florida, Casaquemada o Puerta de Hierro, construidas a partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta –en suelo público- y donde se alojaron las élites económicas del régimen.
Aliviadero del pantano de El Pardo, donde
el río Manzanares vuelve a nacer (Foto: PND).
Patrimonio Nacional cuenta con un presupuesto anual de 110 millones de euros en 2014 y una plantilla de 1.350 trabajadores, 262 en la Delegación de El Pardo y entre ellos deberán figurar el medio centenar de guardias forestales que trabaja en el Monte. La seguridad de la familia real e invitados no está incluida ni en los presupuestos ni en los organismos mencionados, porque corren con esos gastos el Ministerio de Defensa (Guardia Real, 1.700 militares, 45 millones de presupuesto), Interior (Guardia Civil) y Presidencia (CNI).

Protección medioambiental a medida

Aunque su ley fundacional daba un año de plazo, Patrimonio Nacional tardó cinco en tener un Reglamento, que afirma que “en el uso de los bienes del Patrimonio Nacional se velará especialmente por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecológicas en los terrenos que gestione y, especialmente, en el Monte de El Pardo”.
El Monte de El Pardo no pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, figura de protección de la Comunidad de Madrid que lo rodea por casi todas partes y con el que forma un mismo entorno natural.
Tampoco es Parque Nacional, como así quiso por unanimidad la Asamblea de Madrid en 1992 que incluso elaboró una ley y la remitió al Congreso. No resistió el cambio de legislatura en 1993 y ni se llegó a debatir. Los diarios de sesiones del Parlamento guardan también iniciativas legislativas que pedían la declaración de la zona con la máxima figura de protección jurídica, la de Parque Nacional, impulsada en 1990 por Izquierda Unida y en 1981 por el PSOE, ambas rechazadas.
Habrá que esperar hasta agosto de 1997 para que el BOE publique una Orden que aprueba el Plan de Protección Medioambiental del Monte de El Pardo, traje a medida que en apariencia establece todo tipo de garantías, pero con una advertencia previa: “las actuaciones a desarrollar tendrán en cuenta los siguientes criterios y principios básicos: la conservación primaria sobre cualquier actividad medioambiental que se desarrolle en el Monte de El Pardo”. Se vuelve a insistir que “el Monte de El Pardo, como bien integrante del Patrimonio Nacional estará afecto al servicio y uso del Rey y de los miembros de la Real Familia, para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen. Es éste, por tanto, su objetivo principal al que debe subordinarse cualquier uso o actividad que pretenda realizarse”.
Traducido, el objetivo principal es conservar lo que hay, y el uso está restringido al rey y su familia.
Miradero al Manzanares clausurado por
 peligro de derrumbamiento (Foto: PND).
Un apartado de interés de esta Orden y del Plan que contiene es que zonifica el Monte, estableciendo una zona de reserva de 14.758 hectáreas para “preservar recursos bien conservados, frágiles, representativos o singulares por lo que quedan excluidas del uso público (…). En estas áreas no podrá ubicarse ningún tipo de infraestructura ni instalación, salvo las de instrumentación científica o técnica debidamente autorizadas”.
Añade el Plan un listado de construcciones en el Monte cuya alteración o nueva construcción, obras limitadas al máximo, requerirán la autorización del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y un informe de impacto.
Esto es lo que se argumentó desde Ecologistas en Acción en 2006 para solicitar información, sin éxito, sobre las obras que entonces comenzaron en la finca La Angorrilla, cercana al Pantano de El Pardo, con entrada por la puerta vecina al cementerio de Mingorrubio. Existen fotos aéreas –Google Earth- que confirman la construcción en los años siguientes de una piscina cubierta y otra al aire libre, se asfaltaron los accesos y se remodeló completamente la casa y sus alrededores, obras difícilmente compatibles con la protección medioambiental donde se ubica. De creer a los vecinos, la inquilina y destinataria de tales obras fue Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien se ha alojado en la finca durante una década –dicen-. El coste de las obras, desconocido, elevado y sufragado por el Estado.
El Plan de Protección del Pardo también establece una zona de uso público, 842 hectáreas, entre la pared de la presa y el complejo deportivo Somontes, por donde discurre el Manzanares en un estado de semiabandono, con miradores y zonas de descanso acordonadas para evitar su uso por descomposición de la madera y sin ningún centro de interpretación tal como exige la normativa.

Presión del entorno

Ecologistas en Acción ha interpuesto en los últimos años diversas iniciativas que buscaban alertar sobre la presión urbanística y de infraestructuras en los alrededores del Monte.
Un debate recurrente de tiempos de la burbuja inmobiliaria y las tuneladoras hiperactivas era el cierre de la autovía M-50 entre San Sebastián de los Reyes (N-I) y Las Rozas (N-VI) mediante una conexión subterránea que atravesaría el Monte, proyecto parado por la elevada inversión necesaria. En la actualidad el Monte ya es atravesado por líneas de alta tensión y de ferrocarril.
La organización ecologista ha alertado también hace un par de años sobre la construcción de una llamada Casa de Campo del noroeste, un macrocomplejo con numerosas instalaciones deportivas, entre ellas campos de golf, hípica, campos de fútbol, piscinas, en la finca El Garzo, situada en Las Matas, pedanía de Las Rozas, colindante con El Pardo.
Ecologistas en Acción se muestra especialmente preocupado por el desarrollo inmobiliario de Madrid, que en los últimos años ha cercado el Monte, especialmente por la zona sur donde no existen figuras de protección que hagan de tampón. Al norte, este y oeste, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares ha impedido que la urbanización llegue hasta las tapias del Monte, como sí ha sucedido en el sur.

Pollos de águila imperial y 2.000 jabalíes

Patrimonio Nacional tiene una intensa actividad comercial y de explotación de espacios, con los reales sitios y también con el Monte de El Pardo.
De los 113 millones de presupuesto con que contó el organismo en 2013, nada menos que se autofinanció en un 21%. Una fuente de ingresos son las entradas que pagaron los 2,7 millones de visitantes a los palacios en el último año; los más visitados, el Palacio Real de Madrid con algo más de un millón, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial -433.000-; el Valle de los Caídos, el Palacio Real y Aranjuez, cada uno con un cuarto de millón de visitantes. El Palacio de El Pardo atrajo a 35.000 turistas.
Patrimonio Nacional también consigue ingresos por arrendamientos varios y desconocidos, donde cabría imaginar las decenas de restaurantes de El Pardo y las instalaciones deportivas que abundan por la zona, localizadas en suelo público y de gestión privada.
Por otra parte se encuentra la leña que se corta y vende del Monte; y la caza.
La última Memoria de Patrimonio Nacional afirma que tiene inventariados en sus terrenos (80% en el Monte de El Pardo) 4.348 ciervos, más de 2.000 jabalíes, 7.243 gamos y 11 parejas de águila imperial, con nueve pollos.
Entrada al Monte cercana al cementerio de Mingorrubio,
acceso a la finca La Angorrilla (Foto: PND). 
El organismo señala como novedad de 2013 que parte de esos animales eran tradicionalmente cazados y vendida su carne, aunque recientemente se ha procedido a la “completa eliminación de esa práctica, trasladándose los animales por los adjudicatarios en vivo para repoblación o a centros homologados de procesado en aquellos supuestos en que no sean válidos para el primer fin”. Es decir, que la primera intención es ceder los animales a otros espacios naturales, solución siempre difícil y escasa, y la segunda, al matadero.
Se siga o pueda seguir en la actualidad esta práctica, es un hecho que en 2012 Patrimonio sacó a concurso más de 100.000 kilos de carne de caza procedente de El Pardo y de muchos de sus inquilinos, 1.800 gamos, 800 venados y 900 jabalíes.

Transparencia limitada

El pasado 28 de julio un portavoz no identificado de Zarzuela anunció a la prensa diversas medidas que el nuevo rey Felipe VI tiene previsto implantar en favor de la transparencia de sus gastos, como la revisión de las cuentas por una auditoría externa, ciertas incompatibilidades laborales para la familia real y personal a su servicio, o la limitación y destino de los regalos recibidos.
Según la Constitución, el rey tiene una responsabilidad directa sobre parte del personal y el presupuesto de la Casa Real, los 7,7 millones de euros aprobados para este año.
Otra cosa son las cuentas de Patrimonio Nacional o la Guardia Real, que suman más de 150 millones de euros y más de 3.000 personas dependientes directamente del Estado y del Gobierno central, no del rey, aunque a su servicio.
Durante el reinado de Juan Carlos, durante las últimas tres décadas, se reconoce una gestión muy personal y opaca de cuanto ha rodeado a la Casa Real, con la consiguiente responsabilidad por omisión de los sucesivos gobiernos, sombras que parecen haberse extendido a los organismos del Estado directamente relacionados con la monarquía. La credibilidad de la nueva fase histórica iniciada con Felipe VI va a depender también de las decisiones que se adopten en un entorno del que no es directamente responsable, pero sobre el que influye sobremanera.

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sábado, 2 de agosto de 2014

El Gobierno incrementa en 914 millones el presupuesto de Defensa

El Gobierno aprovecha el Consejo de Ministros del 1 de agosto para tomar decisiones clave. Defensa dispone cada año de un 30% más de recursos de lo aprobado por el Parlamento


Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Entre las referencias del Consejo de Ministros de este 1 de agosto, colgadas en la web de La Moncloa a media tarde, se encontraba una sorpresa que supone incrementar un 16% el presupuesto aprobado por el Parlamento al Ministerio de Defensa para 2014.
La decisión se adjudica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y aparece camuflada entre dos acuerdos menores que afectan a temas como vacunaciones infantiles por Exteriores y gestión de purines por Agricultura. Con esa compañía el Gobierno informa de la aprobación de un Real Decreto Ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa que suman 914 millones 215 mil 368 euros y 60 céntimos de euro.
El objetivo del crédito extraordinario es “atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento, por importe de 883.655.368,60 euros, y, por otra parte, se conceden suplementos de crédito para financiar gastos relativos a adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Conjunta, por importe de 30.560.000 euros”.
Dice la nota del Consejo de Ministros que con estos fondos “se pretende satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas Españolas, dotándolas de los mejores sistemas de armas, equipos e infraestructuras de apoyo para el cumplimiento de sus misiones, así como evitar que se resientan los planes de adiestramiento, mantenimiento y renovación de las unidades de las Fuerzas Armadas no desplegadas por limitaciones de presupuesto, ya que en el momento actual las dotaciones presupuestarias solo permiten atender el alistamiento de aquellas unidades que van a ser desplegadas en operaciones”.
Añade el Gobierno que “el suplemento de crédito atiende la deuda acumulada con proveedores como consecuencia de inversiones y planes industriales de alcance nacional e internacional en los que han participado los Ministerios de Industria y de Defensa”.
La interpretación de lo anterior es que el Gobierno de Rajoy ha elegido en los últimos tres años la fórmula de aprobar un crédito extraordinario a mitad de ejercicio para responder a los compromisos de pago de los programas especiales de armamento aprobados desde  mediados de los 90. Los programas especiales de armamento recibieron también de fuera del Ministerio de Defensa un crédito extraordinario de 1.782 millones en 2012 y de 877 millones en 2013; además de otras cantidades extraordinarias procedentes del Ministerio de Industria o de la venta de propiedades inmobiliarias.
La causa hay que buscarla en que el sistema ideado por el propio Pedro Morenés, hoy ministro, cuando ocupó la responsabilidad de secretario de Estado de Defensa a finales de los 90, ha crujido. En síntesis, los pagos en los primeros años eran bajos y correspondían al Ministerio de Industria, y ahora son cada año más elevados y se adjudican a Defensa, que no tiene presupuesto para afrontarlos y necesita transfusiones de Hacienda normalmente alrededor del mes de agosto para intentar que pase desapercibido.
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, sobre los compromisos financieros de las grandes programas de armamento, ha insistido en sede parlamentaria que se deje ya de hablar de los reiterados 30.000 millones de euros. Señala que Defensa ya ha pagado 7.000 millones, que el Ministerio de Industria ha adelantado a las empresas 15.000 millones y entonces el problema financiero pendiente son 8.000 millones de euros que Defensa debe abonar en una década –a unos 800 millones anuales vía crédito extraordinario-.
Estas decisiones convierten en una ficción los presupuestos que cada otoño se debaten en Congreso y Senado para el Ministerio de Defensa, porque a los créditos extraordinarios para programas de armamento se suman el pago del despliegue exterior de las Fuerzas Armadas en operaciones como Afganistán, Líbano, Somalia, Malí o la República Centroafricana, escenarios actuales, que tampoco se recoge en el presupuesto inicial de Morenés.
En 2013 los gastos de las operaciones militares en el exterior sumaron 784 millones de euros, procedentes de un fondo de contingencia del Ministerio de Hacienda. En 2014 la cifra puede ser inferior por el repliegue prácticamente total del contingente en Afganistán, aunque el coste de repatriación del material ha sido muy elevado y sin duda afectará también al presente ejercicio.
La segunda decisión del Consejo de Ministros de ayer afecta a la nueva Fuerza Conjunta diseñada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa a la que se le conceden 30,5 millones extras de financiación para financiar gastos relativos a adiestramiento y alistamiento.
El jefe de Estado Mayor de la Defensa, mando operativo de las Fuerzas Armadas, Fernando García Sánchez, hizo público a comienzos de año el nuevo diseño de la organización militar que tiene como eje una fuerza de acción conjunta compuesta en su núcleo por 15.000 militares realmente operativos y desplegables por el Gobierno a un escenario determinado en caso de necesidad, 10.000 de ellos para operaciones combinadas con países aliados o en el marco de organizaciones internacionales, y otros 5.000 en principio destinados a responder a operaciones en las que España debiera actuar militarmente en solitario.
El Ministerio de Defensa ha estado especialmente activo en este final del curso político por los temas aprobados en el Consejo de Ministros.
El Gobierno autorizó ayer también la celebración del contrato de orden de ejecución para la construcción por la empresa pública Navantia de dos Buques de Acción Marítima oceánicos. La construcción se llevará a cabo entre los años 2014 a 2019 con un coste estimado de 166 millones de euros por unidad.
Otro acuerdo tomado en el primer día de agosto está relacionado con la venta de patrimonio inmobiliario de Defensa. El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa a enajenar el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en Madrid, inmueble tasado y valorado en 90 millones de euros y ya a disposición de cualquier inversor interesado.
En el celebrado el 25 julio, el Consejo de Ministros acordó asignar al Ministerio de Defensa la responsabilidad de la planificación, dirección, control y ejecución de las políticas necesarias para el fortalecimiento y consolidación del sector industrial de la defensa. Se puede traducir lo anterior en que Morenés ha quitado a Montoro, De Guindos y Soria el control sobre la industria de defensa pública o participada por el Estado, donde se encuentran los astilleros de Navantia pero también el 4% del gigante Airbus o el 20% público de la tecnológica Indra.
Como ocasión extraordinaria, la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 1 de agosto no correspondió como es habitual a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada de algún titular de un Ministerio con temas importantes, sino al propio presidente del Gobierno. Mariano Rajoy no dijo una palabra sobre los dineros de Defensa.

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