lunes, 12 de septiembre de 2016

Gobierno y Defensa, descontrolados

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Imagen tomada de El Español.
Se afirma que España lleva ocho meses sin Gobierno, lo que es fundamentalmente erróneo.
Más cierto es apuntar que vivimos con un Gobierno descontrolado, que no reconoce legitimidad a los dos parlamentos salidos de las urnas tras las elecciones de diciembre y junio, su capacidad de control, su condición de foro principal del debate político en el país y, como efecto secundario, la proyección informativa de los temas que allí se tratan hacia la sociedad.
Incluso la actual presidenta del Congreso se opuso como ministra de Fomento a comparecer en el Parlamento a dar cuenta de sus asuntos. El tema está en manos del Tribunal Constitucional que parece confiar en que el paso de los días le resolverá el conflicto entre un Ejecutivo en funciones y el Parlamento.
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y Pedro Morenés guarda una importante sorpresa para quien les sustituya en el departamento de Defensa, sean ellos mismos, otros de su color o de distinta orientación política: el impago de alrededor de 1.000 millones de euros que se corresponden a la anualidad 2016 de los principales programas de armamento, no abonado.
La costumbre en la legislatura que arrancó en enero de 2012 ha sido la de aprobar esos pagos mediante decreto-ley (suman más de 4.000 millones), aprovechando normalmente los calores veraniegos que todo lo difuminan, fórmula administrativa reservada a decisiones de gasto imprevistas y de urgente necesidad, lo que no se cumple en este caso, con calendarios de pago firmados y aprobados que se prolongan durante dos décadas.
El decreto-ley cuenta con ventajas, como que el multimillonario importe no figura en los presupuestos iniciales del Ministerio que se aprueban en otoño; y que se reduce al mínimo la participación del Parlamento, sólo obligado a convalidar tal decisión con posterioridad.
La desconfianza de este Gobierno hacia el Congreso ha evitado incluso esa mínima participación parlamentaria, receloso probablemente con razón de la orientación del voto de la mayoría actual de la Cámara sobre el asunto.
A lo anterior se suma que el Tribunal Constitucional rechazó en sentencia del pasado mes de julio la utilización del decreto ley para aprobar créditos extraordinarios con los que financiar los programas de armamento. Doble regalo por tanto para los próximos responsables de la Defensa: el agujero económico y el lío jurídico.
En otros tiempos se hubiera escuchado además hablar del incumplimiento de contratos, del desprestigio internacional de España y/o de su marca, incumpliendo acuerdos en su mayor parte internacionales, de compensaciones a las empresas e irresponsabilidad en la gestión. Nada se ha escuchado en el debate político, nada tampoco procedente de la industria afectada, siempre tan cautelosa con quien gobierna, nunca como ahora.
Un segundo ejemplo de descontrol parlamentario en Defensa afecta a las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Morenés no acude al Congreso a informar sobre estos asuntos desde diciembre de 2014, podría hacerlo mañana si quisiera o haber comparecido hace doce, nueve o seis meses; y la guinda la pone el BOE del 27 de agosto que publicó el cese (sin reemplazo) del secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález, responsable de esta vertiente exterior de nuestra Defensa, nombrado número tres de la estructura civil de la OTAN, un movimiento de salida de altos cargos que abona además la imagen de fin de ciclo (esto más Soria da para una próxima columna bajo el título "Porque yo lo valgo").
Nunca como hoy España ha tenido presencia militar en mayor número de escenarios en el exterior, alrededor de 2.500 militares trabajando en una quincena de destinos: Afganistán, Irak, Líbano, Índico, Mediterráneo, Turquía, República Centroafricana, Malí..., operaciones todas con autorización parlamentaria.
Que el Congreso dé luz verde y debata el envío de militares españoles al exterior fue consecuencia positiva de la invasión de Irak y tomó forma en la Ley Orgánica de Defensa de 2005, con una pretensión de legalidad y también de pedagogía política.
Lo sorprendente es que militares españoles están desplegados también en otros escenarios sin que el Parlamento haya autorizado ni escuchado una palabra. Bajo paraguas con la denominación "diplomacia de la defensa", España tiene una presencia militar creciente en el Golfo de Guinea, terrestre y naval, en Cabo Verde y otros países, de la que poco se cuenta.
Otra etiqueta, en este caso "seguridad cooperativa", nos ha llevado a Senegal, a quien al parecer ayudamos a generar y reforzar capacidades militares en sus Fuerzas Armadas, que no en otro sitio, sin autorización del Congreso.
En el mismo capítulo cabría añadir la importante presencia de la Guardia Civil (cuerpo de naturaleza militar) en países de la costa occidental africana con medios terrestres y también navales sin que sus señorías hayan recibido información alguna ni se hayan pronunciado sobre su labor, por ejemplo, en Mauritania.
"Morenés planta a la Comisión de Defensa", titulaba ABC el 17-3-2016.

Entre tanto silencio parlamentario el Gobierno va filtrando su voluntad de ampliar el contingente en Irak, lo que acercaría los militares españoles a situaciones combate; se habla desde hace meses de una probable operación militar en Libia; se traslada la voluntad española de participar en breve en la vigilancia de los acuerdos de paz en Colombia, tres ejemplos más que requerirían la autorización del Congreso.
Difícil relación del poder ejecutivo con el legislativo; en mayorías absolutas el Congreso suele ser simple correa de transmisión; en la oposición los partidos se lamen las heridas en el Parlamento; en este escenario multipartidista sin mayorías claras el Congreso debiera recuperar protagonismo.
Y siempre en cualquier caso más que carencias en la normativa pesa la voluntad política del que gobierna.
Una ciudadanía bien informada requiere de un Gobierno que dé explicaciones; y en muchos casos la sociedad rechaza decisiones políticas por la sensación muy real de haberse tomado a sus espaldas, el ciudadano se opone al contenido porque no comparte el procedimiento.
Todo lo anterior en un momento que vivimos un incremento del interés por la política, que ha alimentado el surgimiento de nuevos partidos que hoy concentran un 30% del voto.
La combinación de formas antipolíticas de desprecio al Parlamento más investiduras fallidas podrían deolver a un tercio de la sociedad a la apatía, mientras que los dos tercios restantes continúan viendo la Defensa como un asunto que no les afecta.
Los dineros de la Defensa y el despliegue exterior de los militares siguen siendo, al parecer, asuntos demasiado importantes como para compartirlos con el ciudadano.

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